Prisión domiciliaria rechazada - Imputado procesado con prisión preventiva por robo doblemente calificado en grado de tentativa, cuyo procesamiento luego fue ampliado por robo doblemente calificado en concurso real con robo

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 09 - Jun - 2020

“(…) I. El juez de la instancia anterior resolvió no hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria promovida por su defensa técnica en favor de L A. Entre Ríos, por lo que la decisión fue recurrida. En virtud de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta por el P.E.N. mediante D.N.U 260/2020 y lo resuelto por el Acuerdo de Superintendencia de esta Cámara con fecha 16/3/2020, se suplió la audiencia prevista en el artículo 454 del C.P.P.N. y, mediante el memorial escrito que acompañó la defensa, expresó agravios la parte recurrente. También se incorporó al sistema Lex 100 la presentación efectuada por Ariel Cejas Meliare, en su condición de Procurador Penitenciario Adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la cual efectuó consideraciones en favor de que se haga lugar a la solicitud formulada por la defensa técnica de Entre Ríos, atento a la situación general del Servicio Penitenciario Federal de la Nación. Si bien el juez de grado oportunamente concedió el recurso de apelación de la Procuración Penitenciaria de la Nación, por secretaría se dejó constancia que no se trataba de una parte recurrente, sino de un organismo que se presentaba en su condición de autorizado para actuar como “amigo del tribunal” y, en ese sentido, se lo incorporó a la discusión para que mejore y/o amplíe los argumentos de la defensa, en aras a la economía procesal y sin declarar mal concedido el recurso, ya que su legitimación para opinar en el asunto resulta admisible conforme lo normado en los arts. 18 inc. “e” de la ley 25.875, lo dispuesto en las Acordadas 28/2004 y 7/2013 de la C.S.J.N., lo establecido en los arts. 44 y 48 de la C.A.D.H., el art. 62.3 del Reglamento de la C.I.D.H. en función del art. 75 inc. 22 de la C.N. y los precedentes jurisprudenciales dictados en tal sentido (ver, entre otros, causa 432/2006/TO1/4RH1 de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, caratulada “Procuración Penitenciaria de la Nación s/recurso de queja”). Finalizada la deliberación, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver.

II. La defensa y la Procuración Penitenciaria de la Nación, invocando lo normado en el art. 32 inc. “a” de la ley 24660, solicitan el arresto domiciliario del procesado L. A. Entre Ríos, invocando para ello que éste padece de asma y, por dicha enfermedad preexistente a su detención, sumado a su edad (60 años) se elevaban las posibilidades de que -en caso de contraer la enfermedad causada por el virus COVID-19- su vida corra peligro. La parte alegó que lo expuesto llevó a su inclusión en el listado de personas de riesgo elaborado por el Servicio Penitenciario Federal, extremo que evidenciaba la necesidad de disponer la morigeración de su detención preventiva.

Analizados los agravios expuestos en el recurso y en el memorial incorporado electrónicamente, junto con la presentación formulada por la Procuración Penitenciaria en su condición de amigo del tribunal, confrontados con las constancias agregadas a la causa, se verifica que la decisión de rechazar la prisión domiciliaria del procesado L. A. Entre Ríos resulta ajustada a derecho y debe ser confirmada.

III. Corresponde comenzar por destacar que L. A. Entre Ríos se encuentra procesado con prisión preventiva, desde el 3 de diciembre de 2019, como coautor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por comprobada y por haberse cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa (arts. 42, 45, 166 inc.  2° último párrafo y 167 inc. 2° del Código Penal de la Nación) pronunciamiento que se encuentra firme. Posteriormente se amplió su procesamiento, con fecha 30 de diciembre de 2019, en orden al delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por comprobada y por haberse cometido en poblado y en banda, en concurso real con robo (arts. 45, 55, 164, 166 inc.  2° último párrafo y 167 inc. 2° del Código Penal de la Nación) pronunciamiento que también se encuentra firme, al igual que el auto de fecha 7 de abril del corriente año, por el cual se rechazó su excarcelación bajo ningún tipo de caución.

En tal sentido, se comparte con el juez de grado que la violencia desplegada sobre la persona de las víctimas de los tres hechos que se le imputan, cometidos en dos casos con armas de fuego y acompañados de más de dos personas, resultan demostrativos de la inconveniencia de aplicar el instituto de la prisión domiciliaria en favor del peticionante. En casos como éstos, el eventual riesgo de entorpecimiento de la investigación y la integridad de las víctimas no puede ser dejado de lado, tal como acertadamente postula el juez de grado. Se pondera especialmente que, frente a la gravedad de los episodios imputados al causante y la posibilidad concreta de que se pueda influenciar a las víctimas y testigos, cuyo testimonio en juicio resulta relevante, conforme a la doctrina sentada por el fallo de la C.S.J.N. “Benítez” (329:5556), la defensa no aportó garantías suficientes de forma tal de poder suponer que no los amedrentará. Esta situación es dirimente pues si bien se tiene en cuenta la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que el Estado tiene la obligación de preservar la integridad física y psíquica de las víctimas de acuerdo a lo previsto en la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos (ley 27.372). En este aspecto el art. 5° inc. “d” establece que, frente al derecho del imputado a permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso, existe el derecho de la víctima para “… requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes…”; por su parte, el inc. “n” establece la obligación del Estado de que “…se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que fueren procedentes para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores…”, esto quiere decir que, ante la gravedad de los hechos que se le imputan al procesado, es razonable la restricción de su libertad. Por otra parte no resulta tampoco una cuestión menor el hecho que la defensa de Entre Ríos tampoco precisó concretamente un domicilio fehaciente donde éste pudiera cumplir con el arresto domiciliario propiciado, pues solo se limitó, como plantea el juez de grado, a informar la identidad de un supuesto responsable de un domicilio laboral que podría ser la sede del lugar del eventual arresto, pero el indicado nunca se presentó ante ese tribunal, más allá de los reparos que también se indican en el auto en crisis en cuanto a la verosimilitud de los domicilios indicados por Entre Ríos en el proceso, los cuales no serían reales. Es cierto que en su memorial ante esta Sala el defensor ha propuesto como un nuevo domicilio el lugar donde fuera allanado y detenido, pero lo cierto es que dicho extremo se encuentra controvertido, en primer lugar, porque nunca fue proporcionado antes por el procesado a la instrucción y, en segundo término, porque fue un domicilio determinado a raíz de tareas de inteligencia practicadas por el personal policial preventor. En síntesis, la defensa tampoco aporto constancia o elemento alguno que corrobore su afirmación, pese a la importancia de la determinación de tal extremo, que resulta un presupuesto necesario para el otorgamiento del arresto que propugna.

IV. En lo hace a si respecto del procesado L. A. Entre Ríos se dan los extremos del art. 32 inc. “a” de la ley 24.660, los argumentos del auto apelado resultan razonables y llevan a la conclusión que, en el caso en concreto, no se da un supuesto de enfermedad que le impida al interno continuar alojado en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ser adecuadamente tratado por su dolencia (asma), frente a la situación de riesgo que impone a la sociedad toda la amenaza de la pandemia conocida como “COVID-19”. Tampoco corresponde, en principio, el alojamiento en un establecimiento hospitalario, sin perjuicio de que la Unidad cuenta con el mismo y a su vez, eventualmente, podría ser trasladado, para la atención en caso de algún tipo de contingencia, a un establecimiento “extra muros”. Tampoco nos hallamos en presencia de una enfermedad incurable (inc. “b”) ni un caso de enfermedad que, ante el mantenimiento del enfermo en el establecimiento carcelario, implique un trato inhumano, cruel o indigno (inc. “c”). Lo antes expuesto surge del informe suministrado por el Hospital Penitenciario Federal del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (H.P.C. II) agregado a la causa, en el que se dice: “…podemos garantizar al día de la fecha, la asistencia de la totalidad de los pacientes en situación de riesgo, en lo relacionado al suministro de medicamentos, como así también a la realización de los exámenes complementarios de diagnóstico…”

Asimismo se informó respecto de Entre Ríos que es un “… paciente de 60 años de edad, alojado en la Unidad Residencial II en el Pabellón 7mo con antecedentes de asma crónica en tratamiento médico. El mismo se encuentra incluido dentro del grupo de pacientes de riesgo …”. Sobre la base de dicha información se desprende que, si bien Entre Ríos es un paciente catalogado como “de riesgo”, el mismo se encuentra identificado correctamente en la unidad por su condición y, por otra parte, el Complejo Hospitalario de la misma dio cuenta de su capacidad de atención médica y medicamentosa del paciente, con lo cual se puede concluir que la situación de ….. no se ajusta a los supuestos de prisión domiciliaria de los arts. 10 del Código Penal y 32 de la ley 24.660, toda vez que su enfermedad (asma), como se ha informado, puede recibir la atención que requiere en la unidad en la que se encuentra alojado y, eventualmente, en los centros de derivación de mayor complejidad, para lo cual la unidad cuenta con los medios para materializar los traslados extra muros. En consecuencia, puesto que la dolencia que lo aqueja puede ser correctamente tratada en su lugar de alojamiento, no se está en presencia de una situación de encierro que importe un trato indigno, inhumano o degradante. La Procuración Penitenciaria plantea en su recurso que si el S.P.F. incluyo a Entre Ríos en la lista de personas de riesgo para un eventual contagio del COVID-19, no puede negarse entonces que el mismo está en riesgo y ello, per se, habilitaría la salida propuesta por la defensa del causante. Dicho razonamiento no habrá de prosperar, en virtud de que si el S.P.F. identifica a los internos de riesgo, no lo hace para automáticamente generar la obligación de proceder al arresto domiciliario, sino que los identifica justamente para atender sus particulares situaciones y extremar los recaudos ante un posible contagio. En tal sentido resulta importante destacar que recientemente (el pasado 2 de mayo), en el ámbito del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante resolución de la Dirección Nacional del S.P.F. se ha dispuesto la aprobación e implementación de un protocolo denominado “Diagrama de implementación de las pautas de procedimiento destinadas al diagnóstico diferencial del COVID-19 en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y a su vez se habilitó, con carácter provisorio, el pabellón 53, como sector de aislamiento sanitario de las personas privadas de libertad a los fines de abordar adecuadamente los casos de COVID-19 (Expte. N° EX2020-29042251 APNDSG#SPF) con lo cual las preocupaciones planteadas por la Procuración Penitenciaria en su memorial se encuentran adecuadamente previstas por la autoridad de aplicación. Sin perjuicio de ello, el Servicio Penitenciario Federal deberá, en este caso, extremar las medidas sanitarias necesarias para brindarle la atención médica apropiada para el control de su patología preexistente, conforme lo normado en el art. 143 de la ley 24.660 (...)

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