Suspensión del juicio a prueba rechazada - Situación a evaluar en función de lo dispuesto en el art. 76 bis cuarto párrafo del C. P - Fiscal que se opuso por razones de política criminal

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 05 - Jun - 2020

“(…) El juez Pablo Guillermo Lucero dijo: Analizado el caso, y conforme he sostenido en anteriores casos, considero que la oposición formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal resulta vinculante. El acusador público al requerir la elevación a juicio del legajo en la audiencia de clausura del art. 353 quinquies calificó la conducta atribuida a M. M. Abreú y a E. M. Chavez como constitutiva del delito de robo agravado por su comisión en un lugar en poblado y en banda (arts. 167, inc. 2° del CP), que prevé una pena de tres a diez años de prisión. A partir de ello, la situación de los imputados debe evaluarse en función de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal en el que se establece que: “(…) si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio”. Precisamente y dado que en oportunidad de celebrarse la audiencia multipropósito, el Sr. fiscal no prestó su conformidad a tal efecto, mediante una opinión que satisface los requisitos que impone el artículo 69 del citado cuerpo legal, extremo que se fundó en la Resolución 13/2009 de la Procuración General de la Nación, por la que se autoriza al acusador público a oponerse a la concesión del instituto cuando ello podría debilitar la acusación e impedir que el caso sea elevado a juicio oral y público para su esclarecimiento (ver la audiencia documentada en el Sistema de Gestión de Causas). Ello, teniendo en cuenta la naturaleza y las características del suceso reprochado a los nombrados, la cantidad de intervinientes y que acaeció durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo de la Nación (DNU 297/2020) debido a la pandemia de coronavirus (COVID 19) que atraviesa nuestro país. De este modo, los agravios de la defensa no conmueven la resolución recurrida, motivo por el cual habrá de ser convalidada. Así voto.

El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Si bien he sostenido con anterioridad que la opinión del fiscal no es vinculante en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 76 bis del Código Penal (ver de la Sala V, causas nros.: 14613/18, “Leyes”, rta. el 3/4/2018 y la nro. 38480/17, “Alfaro”, del 17/7/2017, entre otras), lo cierto es que en el sub examen no se encuentran reunidos los requisitos objetivos para la viabilidad de la suspensión del juicio a prueba. En este sentido, el hecho reprochado a M. Abreú y a E. Chavez reviste características graves -los daños propiciados a un local comercial en la madruga para perpetrar la sustracción de los bienes, la cantidad de intervinientes en la sustracción y la división de tareas-. Asimismo, no ha existido un concreto ofrecimiento de indemnización a la víctima de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 bis del ordenamiento de fondo (cfr. el audio de la audiencia incorporado al Lex-100). De este modo, y sin perjuicio de que los nombrados carecen de antecedentes condenatorios, coincido con el acusador público en cuanto a que existen razones legítimas de política criminal vinculadas al caso que hacen a la necesidad de debatir las particulares circunstancias del suceso en el marco de un juicio oral y público. Por ello, corresponde homologar el rechazo de la suspensión de juicio a prueba formulada por la defensa de los imputados por resultar inviable la petición concretada. Así voto (...)

Descargar archivo 1 : fallos48979.pdf
  COMENTAR