“(…) I. La jueza de la instancia de origen denegó la excarcelación de A. G., decisión que fue impugnada por la defensa oficial que lo asiste en el caso (...)”

III. El imputado G. ha sido procesado, con prisión preventiva, en orden al delito de robo agravado por haber sido perpetrado mediante escalamiento y por su comisión en poblado y en banda (arts. 45 y 167, inc. 2 y 4 -en función de lo dispuesto en el art. 163 inc. 4-, del CP).

La escala penal prevista en la figura típica que se le atribuye permite -en abstracto- encuadrar su situación dentro de la segunda hipótesis contemplada en el artículo 316, segundo párrafo, aplicable por remisión al artículo 317, inciso 1º, del CPPN, en consideración a que el mínimo respectivo es de tres años y el imputado no registra antecedentes condenatorios.  

A su vez, en el marco de la medida contra cautelar postulada se analiza la situación de acuerdo a lo prescripto en los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, normas cuya aplicación corresponde de acuerdo a lo resuelto por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del referido código en la resolución 2/2019, conforme lo establecido en los artículos 7 de la ley 27.063 y 2 de la ley 27.150.

A estos fines se tiene en cuenta el riesgo procesal de fuga previsto en el artículo 221 de la ley 27.063.

En cuanto a sus condiciones personales, debe ponderarse que se ha identificado en forma verídica y su domicilio fue constatado. Además, no surgen datos que indiquen posibilidad alguna de abandonar el país.

Se considera que registra una causa de inicio reciente en el mes de diciembre de 2019 por el delito de robo agravado en la cual fue excarcelado bajo caución real. En ese legajo fue citado su fiador ante su falta de cumplimiento, y se encontraba en trámite en marzo del corriente ante el Tribunal Oral Criminal nro. 2. Esta circunstancia incide en forma negativa en el recurso presentado al dar cuenta de su presunta inconducta procesal y reciente excarcelación en otro proceso. Art. 221 del CPPF.

Por otro lado, las circunstancias y características del hecho investigado, conforme expresamente lo prevé el inciso b) del artículo 221 CPPF, dan cuenta de un grado alto de injusto. En efecto, el encausado y otros tres individuos habrían ingresado, durante la noche, en el departamento de M. C. P., mientras los dos consortes restantes les prestaban apoyo desde la vía pública. Allí abordaron a la víctima de 87 años de edad y le exigieron que les entregue “plata y dólares”, a la vez que uno de los atacantes le asestó un golpe de puño en el ojo derecho. Inmediatamente después, le quitaron la sortija de la mano, le sustrajeron dinero y comenzaron a revisar sus pertenencias, hasta que arribaron los efectivos policiales que lograron detener a cinco de los seis integrantes del grupo. 

En este sentido, en torno al peligro de entorpecimiento de la investigación (art. 222 del CPPF), se comparten las consideraciones vertidas por la jueza de mérito al rechazar su excarcelación, en tanto el nombrado conoce dónde encontrar a la víctima y a los testigos, ya que el suceso habría acaecido en el hogar de la primera de ellos y algunos de los imputados fueron detenidos en las viviendas de los vecinos que presenciaron parte del evento y declararon ante la judicatura, por lo que debe evitarse que sean pasibles de recibir intimidaciones que busquen modificar sus relatos.

En especial, debe brindarse protección a la damnificada, especialmente vulnerable por su edad, para que pueda exponer sin presiones durante la etapa plena del proceso, conforme lo previsto en los arts 5, inc. d, y 6, inc. a, de la ley 27.372. En este sentido, se destaca que su hija R. M. M. informó a la judicatura que “es una persona mayor, que la situación fue muy violenta y que continúa en shock, por lo que solicita que no se le reciba declaración testimonial por ningún medio, dado que cada vez que recuerda lo ocurrido se pone muy mal y teme que le haga mal a su delicada salud” (ver informe del 21 de abril).

En esta inteligencia, frente a los agravios de la defensa en tanto postula la comparecencia del imputado al juzgado para garantizar el proceso cabe señalar que esta medida resultaría insuficiente para garantizar el proceso y la integridad de la víctima y testigos. A estos fines, el derecho del imputado a permanecer en libertad en el proceso -art. 18 de la C.N.- se tiene que evaluar junto con el derecho de la damnificada de requerir medidas de protección estatal para su seguridad -Art. 25 CADH y 5 de la ley 27372-. De esta manera, este derecho demanda la obligación estatal de adoptar diligencias para brindarle protección, máxime cuando aquella se encuentra en una situación de vulnerabilidad en función de su edad. Arts. 5 y 6 de la ley 27.372. De esta manera, la gravedad del episodio y la forma violenta de ejecución dan cuenta que la restricción de la libertad es la medida de coerción indispensable para cumplir con los fines del proceso y la protección de la víctima al realizar una ponderación de los derechos implicados.

Del mismo modo, debe meritarse que se solicitó el peritaje informático de los teléfonos móviles secuestrados, medida probatoria que luce útil para lograr identificar a quien huyó del lugar, por lo que -de recuperar la libertad- podría alertarla y frustrar el accionar de la justicia.

Frente a la situación descripta, la medida de coerción debe ser confirmada por ser indispensable, pues las sustitutas previstas en los artículos 310, 320, 321 y 324 del Código Procesal Penal como las descriptas en el artículo 210 del CPPF -conforme ley 27.063- lucen insuficientes para evitar los peligros procesales reseñados.

Una caución juratoria, como ser la promesa del encartado, la obligación de someterse al cuidado de una persona, de presentarse ante la autoridad, la prohibición de salir del país y la retención de documentos de viaje resultan inidóneas a fin de garantizar la aplicación de la ley, al evaluar que dependen de la voluntad del acusado (art. 210 inc. a, b, c, d, e) y, de acuerdo a las pautas indicadas, es altamente probable que no se someta voluntariamente al proceso.

Por otro lado, la imposición de una caución real, la vigilancia del encausado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física (art. 210, inc. i y j del CPPF), también lucen inconducentes en función de la intensidad de los peligros señalados. A estos efectos se tiene en cuenta que el eventual establecimiento de una caución sería insuficiente para neutralizar el riesgo de fuga y el de entorpecimiento.

Así las cosas, la prisión preventiva se presenta como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para garantizar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley al caso, por cuanto las anteriores no son suficientes para asegurar los fines aludidos, ni se han aportado pautas que ameriten su posible aplicación.

En cuanto a la proporcionalidad de la prisión preventiva, se considera que resulta proporcional y razonable al tener en cuenta las graves características del hecho que se le endilga (artículo 221, inciso b, del CPPF y precedente “Domínguez” de la CSJN, Fallo 322:1605) y el avanzado estado del proceso, como en los términos del art. 207 del CPPN.

En consecuencia, en función de los peligros de fuga y entorpecimiento de la pesquisa que se desprenden de los párrafos que anteceden, la medida de coerción debe ser confirmada (...)”