La acción de hábeas corpus colectiva fué interpuesta el 31 de marzo del 2020 por Gabriel Torti, cuyo objeto versaba sobre la Autorización de Telefonía Celular y entrega de Elementos de Higiene y Prevención ante el Covid-19 a las personas privadas de la libertad alojadas en el CPFII de Marcos Paz. En consecuencia, el a quo realizó la audiencia del art. 9 de la ley 23.098, celebrada el 01 de abril del corriente.
Allí se argumentaron los motivos por los que se encontraba agraviado ya que a raíz de la Pandemia del Coronavirus se vieron agravadas sus condiciones de detención y las del colectivo que representa, al suspender las visitas que forman parte del tratamiento individual reglamentado en la ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que contribuyen a afianzar los vínculos familiares para una futura reinserción social del Reo. En tal sentido, es dable destacar que el a quo, solicitó informes al Director del CPFII de Marcos Paz, respecto a si habían entregado los elementos de prevención e higiene reclamados. También solicitó información a la Procuración Penitenciaria, respecto de la existencia del “PROTOCOLO PARA EL USO DE TELÉFONOS CELULARES POR PARTE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL ÁMBITO DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE”. Por lo tanto, estos pedidos de informes supra señalados, importaron el “Auto de Hábeas Corpus” que pusieron en marcha el proceso y obligaban a la realización de la audiencia del art. 14 de la ley 23.098. Sin embargo, el a quo decidió “Rechazar in límine” el hábeas corpus en cuestión, sin la realización de la audiencia supra señalada. De esta manera se vulneró el Debido Proceso (art. 18 de la CN “a contrario sensu”) incluido el derecho a ser oído, ya que no solo se omitió la realización de la audiencia del art.14, sino que se omitió notificar la resolución a pesar de haberlo solicitado expresamente en el escrito de hábeas corpus, con la finalidad de poder apelarlo “in forma pauperis” ante una decisión jurisdiccional contraria a sus intereses procesales. No es admisible, que se halla limitado a notificar a la defensoría, porque omitió un pedido de parte sin expresar justos motivos, y vulneró su Derecho a ser Oído (art. 18 de la CN “a contrario sensu”), lo que importa una Sentencia Arbitraria. La ley 23.098 es la que reglamenta el vulnerado ejercicio del art. 43 de la Constitución Nacional, por los motivos supra señalados. Como consecuencia de lo anterior, el a quo inobservó los arts. 16 (igualdad ante la ley), 18 (Debido Proceso) y 28 (Principio de Razonabilidad) de la Constitución Nacional, lo que involucra una evidente Cuestión Federal, y la anulación de lo actuado.
En tal sentido el día 21 de mayo del corriente la Sala II de la CFCP, revocó el fallo del a quo y obligó a la realización de la audiencia, celebrada el 26 de mayo (hace siete días hábiles) del 2020 en la Secretaria Nro.4 del Juzgado Federal en lo Crim. y Corr. Nro.1 de Morón, la cual al día de la fecha aún no ha dictado sentencia, contrariando lo dispuesto en el art. 17 de la ley 23.098: “Terminada la audiencia el juez dictará inmediatamente la decisión…”