“(…) El pasado 17 de marzo, esta misma Sala homologó el rechazo al pedido de excarcelación de J. F. O. a fin de asegurar su sujeción al proceso y evitar el entorpecimiento de la investigación. Para ello, previamente se ponderaron las medidas alternativas que contempla la ley procesal, concluyéndose en que el único modo de neutralizar el peligro procesal de elusión era mantener su encierro cautelar (causa N° 20980/2020/1).

En esta oportunidad, la defensa solicita a la detención domiciliaria de su asistido con base en un posible agravamiento de su estado de salud, en atención al Virus de Inmunodeficiencia Adquirida que padece el imputado y que lo encuadraría en los grupos de riesgo establecidos por la Decisión Administrativa N° 390/2020, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el marco de la pandemia provocada por el virus COVID-19.

Sin embargo, se considera que la negativa del señor juez de la instancia anterior ha sido bien decidida, pues el pedido formulado escapa a las hipótesis contempladas por los artículos 10 del Código Penal y 32 de la ley 24.660.

En este sentido, se pondera que el Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas -Unidad 21- hizo saber que el referido egresó el 5 de marzo de 2020 del Centro Hospitalario, pues recibió el alta médica infectológica tras haber ingresado por padecer HIV sin tratamiento y luego de serle allí diagnosticada y tratada una uretritis gonococcica.

Asimismo, el Servicio Penitenciario Federal aportó un informe médico del 3 de abril que da cuenta de la asistencia médica con la que cuenta el prevenido, en tanto señala que se trata de un “paciente afebril, hemodinámicamente compensado. Lúcido sin signos de foco infeccioso agudo. Continúa igual tratamiento anti retroviral atripla.”.

Finalmente, el 6 de abril del corriente, el Cuerpo Médico Forense determinó que si bien O. se encuentra incluido dentro de la población con mayor riesgo de padecer las manifestaciones graves de la enfermedad por COVID-19, pues transita una patología que afecta su sistema inmunológico, no se encuentra incluido en los supuestos enunciados en el artículo 32 de la Ley 24.660. Fundó tal conclusión en el tratamiento adecuado que se le dispensa y que no requiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario, en tanto no sufre de una enfermedad incurable ni en período terminal ni se halla afectado por discapacidad alguna. Agregó también que “la literatura reciente señala casos de cura de la enfermedad luego de realizar tratamientos crónicos y regulares”.

Cabe añadir que, tal como lo indican los informes referidos, al momento de su detención J. F. O.  no se encontraba llevando a cabo un tratamiento por su enfermedad preexistente, sino que fue desde su ingreso a la unidad penitenciaria que comenzó a recibir las medicaciones que necesita.

A partir de lo expuesto se estima que O. no se encuentra entre las personas que –por la gravedad de su dolencia física- la ley excepciona para adoptar un régimen diferencial de detención, siempre que, como surge de los informes aludidos, bien puede recibir la atención que requiera en la unidad en la que se encuentra alojado y, eventualmente, en los centros de derivación de mayor complejidad, para lo cual la institución cuenta con la posibilidad de efectuar los traslados, en el caso de ser necesario.

En consecuencia, como la dolencia física del causante, por sus características, no representa una limitación tal que conduzca a entender que su encierro importa un trato indigno, inhumano o degradante, se homologará lo decidido en la instancia anterior (de la Sala VII, causa N° 55428/2018/9, “S.”, del 1° de octubre de 2019).

Por lo expuesto, de conformidad con la opinión fiscal, el Tribunal RESUELVE:

Confirmar el pronunciamiento recurrido en todo cuanto fue materia de recurso (...)”