Excarcelación. Pena en expectativa. Peligro procesal

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 29 - Mayo - 2020

“(…) El imputado fue procesado en orden al delito de robo agravado por su comisión con un arma en grado de tentativa (artículos 42 y 166, inciso 2º, del Código Procesal Penal) y aunque no registra antecedentes condenatorios (ver informe del Registro Nacional de Reincidencia), a partir del pronóstico de pena que es dable formular, según la doctrina fijada por la Corte Federal en el caso “Domínguez, Ramón Guillermo” (Fallos: 322:1605), puede presumirse razonablemente que la eventual sanción no se ubicará en el mínimo legal.

En ese sentido, se valoran las características del suceso atribuido, pues, según la imputación que se tuvo por comprobada en el auto de procesamiento, el causante habría abordado al damnificado, quien debió ser hospitalizado como consecuencia de la lesión que presentó en su mano, y exhibiéndole un cuchillo, le exigió la entrega de su teléfono celular.

Además, se destaca que el episodio habría sido perpetrado durante la particular situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país, esto es, en el marco de aislamiento social, preventivo y obligatorio, con motivo de la pandemia del virus “COVID-19”, normativa que el imputado habría desobedecido.

Las circunstancias del hecho deben ser consideradas al definirse las cuestiones atinentes a la coerción personal, tal como lo ha indicado el más Alto Tribunal, pues “también constituyen pautas de valoración exigidas por el legislador, a los efectos del juicio prospectivo previsto en el artículo 319 del código ritual” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa “Morales, Domingo”, del 28 de diciembre de 2010).

Con igual alcance se comparte la valoración realizada en la instancia anterior, ya que tras el intento de apoderamiento, Quiroga dejó el lugar del hecho y mudó su vestimenta, al punto de que la remera de color amarillo que describiera la víctima fue hallada en un bolso que aquél cargaba.

En esas condiciones, pese a que Quiroga se identificó correctamente al ser detenido y se constató que reside en el domicilio informado, se entiende acreditado el riesgo procesal de fuga, de modo que no procede otra medida de menor rigor -simple promesa, pautas de conducta, obligaciones, prohibiciones, cauciones o morigeraciones- que no sea su encierro cautelar.

Por ello y en razón de que, según hemos sostenido, el dictamen fiscal no es vinculante para la jurisdicción (Sala VII, causa número 70.895/2014, “Hernández Marzulli, M.”, del 27-5-2015) y en tanto que el tiempo que Quiroga lleva en detención desde el 9 de abril pasado no resulta desproporcionado, cabe homologar la resolución recurrida (...)

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