Cuarentena. Restricciones a la libertad personal. Hábeas corpus. Rechazo

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 26 - Mayo - 2020

Les acercamos en el presente mail un habeas corpus de la Sala IV del Tribunal dictada en el expediente N° 20005/2020 “Rubio, M. A.” del 15/4/2020 donde Ignacio Rodríguez Varela y Juan Esteban Cicciaro, en aplicación de la doctrina sentada en los precedentes “Kingston”, “Zanon Rossi Dos Santos” y “Baeza” confirmaron, con costas, el rechazo del habeas corpus presentado por un letrado quien planteó que, a su entender, el Decreto de necesidad y urgencia 297/2020, artículos 1°, 2° y 4°, y sus prórrogas instrumentadas por los Decretos de igual naturaleza número 325/2020 y 355/2020, afectó la libertad ambulatoria, restringiendo el derecho de circular y transitar libremente por el país, el derecho de trabajar y ejercer su profesión libremente, de generar recursos para el sustento de su familia, el principio de igualdad y el derecho a la protección de la salud psíquica de su persona y familia, por lo que solicitó se declare su nulidad absoluta.

Los vocales señalaron que “(…) el planteo formulado no logra demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente afectación a los derechos constitucionales, pues el fundamento de las normas cuestionadas estriba en la preservación de la salud pública en forma razonable y proporcional. (…)-  

Agregaron que “(…) el Poder Ejecutivo Nacional fundamentó sus decisiones al analizar la declaración como pandemia de la propagación del virus COVID-19 –coronavirus– por parte de la Organización Mundial de la Salud, la emergencia sanitaria dictada y la específica y actualizada evolución epidemiológica verificada en el país, con el objetivo de proteger la salud pública –obligación indeclinable del Estado Nacional–. (…)” y que “(…) valoró especialmente la inexistencia de tratamientos antivirales efectivos o vacunas que prevengan el contagio, de modo que las medidas de aislamiento y distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la situación y mitigar el impacto sanitario, en aras de evitar la saturación del sistema de salud que se ha registrado en otros lugares del mundo por el crecimiento exponencial de los casos positivos, con las graves consecuencias que ello trae aparejado, frente a la considerable capacidad de transmisión del virus. Este mismo razonamiento, que deriva en la legitimidad de los fines y medios utilizados, permite convalidar la compatibilidad constitucionalidad de las limitaciones a los derechos individuales (artículos 14, 18, 19, 28 y 33 de la CN). Estas no resultan arbitrarias ni desproporcionadas en tanto se las ha establecido por un período determinado y de modo general, previéndose asimismo razonables excepciones relativas a ciertas actividades consideradas esenciales, así como a la atención de necesidades especiales que algunos individuos pudieran requerir. (…)”.              

Señalaron que no correspondía que se hiciera lugar al planteo de nulidad e inconstitucionalidad basados en la ausencia de una previa declaración en los términos del artículo 75, inciso 29, de la Constitución Nacional, o una posterior corroboración de los decretos de necesidad y urgencia dictados, según lo estipula el inciso 3º del articulo 99 ibídem, precisando que “(…) No se desconoce que a la fecha el Congreso de la Nación no se pronunció avalando o rechazando las medidas dispuestas, pero el Poder Ejecutivo le ha remitido los Decretos propiciando de esa manera su revisión, procedimiento que no contempla un plazo máximo. Se suma a ello que el tiempo transcurrido hasta el momento no luce irrazonable, en particular a la vista de la situación de emergencia descripta. Es por ello que el agravio constitucional tampoco puede prosperar con la sola invocación del término previsto para que la Comisión Bicameral emita su dictamen, en tanto no es materia revisable en esta instancia el modo en el que el Poder Legislativo ejerce y administra tales funciones, como es el caso del Decreto de la Presidencia del Senado DP-4/2020, del 25 de marzo de 2020, que dispuso la interrupción de los plazos parlamentarios, ad referéndum de su aprobación por la Honorable Cámara del Senado de la Nación –decisión prorrogada por DP-5/2020, del 30 de marzo y por DP-6/2020, del 13 de abril–. Incluso, el Honorable Senado de la Nación adhirió al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de aislamiento social, preventivo y obligatorio por medio de la Resolución RSA-548/2020, del 19 de marzo de 2020, prorrogada por las resoluciones RSA-550/2020 del 30 de marzo y RSA-563/2020 del 13 de abril del corriente. (…)”.

En definitiva, indicaron que el letrado no pudo demostrar que las restricciones de las que se agravia implicaran arbitrariedad o una restricción inconstitucional en su aplicación al caso concreto. 

Descargar archivo 1 : fallos48930.pdf
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