El máximo tribunal penal del país otorgó la detención domiciliaria para mujer trans y fijo estándares de soltura y protección para población LGTBI

Nacional \ Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) \ Cámara Federal de Casación Penal Sala II
Fecha resolución: 11 - Mayo - 2020

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Guillermo Jorge Yacobucci, Alejandro W. Slokar y Carlos A. Mahiques hizo lugar -por unanimidad- al recurso del defensor oficial en favor de Nicole, trans de 40 años, portador de HIV,  y dispuso su externación en arresto domiciliario hasta el cese de la pandemia. También ordenó que deberá facilitársele la provisión de medicamentos para la continuidad de su tratamiento, y su inclusión en los programas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Nicole, trans peruana de 40 años, además de paciente con HIV positivo e inmunosuprimida, había sido condenada a 1000 pesos de multa y 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes para comerciar. Aunque lleva cumplida más de la mitad de la pena en la cárcel de mujeres de Ezeiza, el 3 de abril pasado el Tribunal Oral Federal nº 3 de  la Capital  le había rechazado el pedido de  detención domiciliaria.

El juez Alejandro W. Slokar, que encabezó el acuerdo,  cito el Decreto 297/2020 del Presidente de la Nación Argentina que impone el aislamiento social, preventivo y obligatorio y también las acordadas 2, 3 y 9 dictadas por la Cámara de Casación ante la situación pandémica del COVID-19.

Dijo que estas especiales circunstancias exigen la adopción de medidas concretas por parte de los poderes del Estado para el adecuado resguardo de uno de los sectores más vulnerables, sobre quienes, además, existe un deber de garantía. Caso contrario, sostuvo, se coloca al estado argentino en responsabilidad internacional, desde la imperatividad de las disposiciones internacionales de protección de Derechos Humanos.

Rescató detener el “encruelecimiento” del encierro en respuesta al llamamiento formulado por múltiples organizaciones internacionales, en cuanto han advertido que las personas privadas de la libertad están expuestas a una mayor vulnerabilidad al COVID-19 con relación a la población en general, en razón de estar confinadas en condiciones de hacinamiento. Además señaló que las personas en prisión tienen mayores índices de morbilidad que la población general y están más expuestas a factores de riesgo debido a las condiciones deficitarias de higiene, la mala nutrición y la prevalencia de patologías base sin el adecuado tratamiento médico.

En ese sentido señaló Slokar que el hiperencarcelamiento que repercute –entre otros tantos  rubros-  particularmente en la salud, plantea la imperiosa necesidad de despoblar la cárcel, esto es,  liberar la mayor cantidad de privados de libertad -comenzando racional y ordenadamente por los inocentes, las madres al cuidado de hijos, los que purgan penas leves, los más vulnerables físicamente, con criterio restrictivo frente a atentados graves y con especial consideración de las víctimas-, antes de que el COVID-19 desate una masacre en la infraestructura precaria de los establecimientos y haya de lamentarse el costo de innumerables vidas. La privación de la libertad nunca puede ser privación de la salud, mucho menos de la existencia, aseveró, en lo que llamó la emergencia dentro de la emergencia.  

Pero a ello sumo, además, la extrema vulnerabilidad por la especial condición de mujer trans en encierro carcelario.

Ya la jurisprudencia de la CSJN en el trascendente fallo de la  Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c/ Inspección General de Justicia” de 2006, recordó que no debe ignorarse que personas pertenecientes a esta minoría  “no sólo sufren discriminación social sino que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios. Como resultado de los prejuicios y la discriminación que les priva de fuentes de trabajo, tales personas se encuentran prácticamente condenadas a condiciones de marginación, que se agravan en los numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos de la población, con consecuencias nefastas para su calidad de vida y su salud, registrando altas tasas de mortalidad, todo lo cual se encuentra verificado en investigaciones de campo”.

Slokar afirmó que ello se inscribe en un esquema  carcelario superpoblado como consecuencia de la persecución penal al siempre mentado “narcotráfico”, que implica la criminalización de las comunidades de mujeres trans y travestis migrantes que habitan las periferias de los centros urbanos.

En ello destacó los resultados de la primera encuesta INDEC sobre la población trans de 2012, que indican que el 83 por ciento de las encuestadas han sido víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial. Tambien que desde hace años en nuestro país las mujeres trans privadas de la libertad han denunciado malos tratos y disconformidad con las prestaciones de salud recibidas. Sólo en el  año 2017  fallecieron 3 mujeres trans privadas de libertad por complicaciones derivadas de su estado de salud, las pésimas condiciones de detención y la inacción del poder judicial ante los reclamos, reseñó el magistrado Slokar.

A la fecha, de la más de las tres decenas de mujeres trans alojadas en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal, 7 de cada 10 estan privadas de la libertad por infracción a la ley de drogas, en tanto más de la mitad son migrantes.

Con base en criterios internacionales se indicó que la pertenencia a un colectivo LGTBI merece ser contemplada como una situación de máxima vulnerabilidad que debe ser atendida especialmente en el contexto sanitario presente, tanto más frente a la crisis carcelaria que se atraviesa, que caracterizó de “encarcelamiento masivo, superpoblación, ausencia de cupo carcelario cierto, estándares internacionales ignorados y responsabilidad del Estado evadida, (que) constituyen un escenario atroz para la integridad de las personas presas y en forma refleja para el tejido social, pues la comunidad toda padecerá las consecuencias de tanto desatino”, dijo Slokar.

            Como mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Slokar estableció que las personas pertenecientes al colectivo LGTBI frente al contexto actual de la pandemia, se ven afectados en forma desproporcionada porque se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, más aún en aquellos casos donde están privados de su libertad en condiciones de hacinamiento.

            Los jueces Yacobucci y Mahiques adhirieron a la solución basándose en la conformidad para la soltura del Fiscal.

Descargar archivo 1 : fallos48863.pdf
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