"Pollo Rivera vs Perú". Libertad personal. Tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tribunales militares

Internacional \ Corte Interamericana de Derechos Humanos
Fecha resolución: 12 - Ene - 2017

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso No. 12.617 - “Luis Williams Pollo Rivera vs. Perú”

 

El 21 de octubre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó la sentencia en el caso “Luis Williams Pollo Rivera vs. Perú”, mediante la cual declaró que el Estado de Perú violó el derecho a la libertad personal, reconocido en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma; el derecho a la integridad personal, reconocido en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la misma y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; los derechos a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, a la defensa, a no declarar contra sí mismo y a la publicidad del proceso, reconocidos en los artículos 8.1, 8.2, 8.2.b), 8.2.f), 8.2.g) y 8.5 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma; y el principio de legalidad, reconocido en el artículo 9 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Además, el Estado fue declarado responsable por la violación del derecho a la integridad personal, en los términos de los artículos 5.1 y 1.1 de la Convención, en perjuicio de sus familiares: María Asunción Rivera Sono, Eugenia Luz Del Pino Cenzano, Juan Manuel, María Eugenia y Luis Eduardo Pollo Del Pino, Luz María Regina Pollo Rivera, María Mercedes Ricse Dionisio y Milagros de Jesús Pollo Ricse.

Cabe resaltar que un grupo de víctimas (la familia Silva Pollo, conformada por Luz María Regina Pollo Rivera, César Hugo Silva García y Juanita Regina Natividad Silva Pollo y la familia Pollo Del Pino, conformada por Eugenia Luz del Pino Cenzano y Juan Manuel, María Eugenia y Luis Eduardo Pollo Del Pino) del caso fueron representadas por los Defensores Públicos Interamericanos, Lisy Bogado (por el Ministro de la Defensa Pública de Paraguay) y Carlos Barros Da Silva (por el Colegio Nacional de Defensores Públicos Generales de Brasil, CONDEGE), designados a solicitud de la Corte IDH por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).

Los hechos de caso ocurrieron en el contexto de conflicto entre grupos armados y gentes de las fuerzas policiales y militares en Perú y se refieren a dos períodos históricos diferentes, en los que el señor Luis Williams Pollo Rivera, quien era médico de profesión, sufrió diferentes violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Durante el primero, comprendido entre 1992 y 1994, el señor Pollo Rivera fue detenido por supuestos cargos de terrorismo, sometido a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y fue juzgado en la jurisdicción militar la cual, luego de condenarlo en primera instancia por el delito de traición a la patria, se declaró incompetente y remitió los actuados al fuero penal ordinario, donde fue procesado y absuelto por el delito de terrorismo.

El segundo período se inicia a partir de su detención en el año 2003 y su juzgamiento y condena en el fuero ordinario por el delito de colaboración con el terrorismo por la supuesta realización de actos médicos a favor de miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso.

La Corte IDH analizó las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por los representantes de las presuntas víctimas en el marco de los períodos históricos identificados.

Durante el primer período, se comprobó que la detención inicial del señor Pollo Rivera ocurrió el 4 de noviembre de 1992 y la primera constancia de comparecencia suya ante una autoridad judicial competente es del 26 de noviembre de 1993, cuando el proceso en su contra ya había sido remitido al fuero ordinario y rindió declaración instructiva ante el juez de instrucción, es decir, más de un año después de su detención. En consecuencia, la Corte IDH consideró que se habían sobrepasado manifiestamente los plazos máximos establecidos en la legislación aplicable, por lo que la detención fue ilegal y, por lo tanto, una violación a la libertad personal, reconocida en el artículo 7 de la Convención Americana.

Con relación a la primera detención preventiva, no constan resoluciones de que hubiera sido autorizada mientras el señor Pollo Rivera fue procesado en el fuero penal militar, por lo cual, al haberlo mantenido en detención sin una orden judicial que examinara la necesidad de una medida cautelar, el Estado incurrió en una manifiesta violación del derecho reconocido en los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención Americana. Por otro lado, el auto de apertura de instrucción, que dispuso su detención preventiva el 24 de septiembre de 1993 no contaba con una motivación que justificara la necesidad de adoptar tal medida, lo cual era incompatible con el contenido de los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

Asimismo, la Corte IDH constató que mientras el señor Pollo Rivera estuvo detenido, no existió jurídicamente la posibilidad de ejercer acciones de habeas corpus respecto de detenidos, implicados o procesados por delito de terrorismo, la que es incompatible con el derecho reconocido en los artículos 7.1 y 7.6 de la Convención. Además, consideró que existían suficientes indicios para concluir que el señor Pollo Rivera fue objeto de actos de tortura por parte de agentes policiales en las instalaciones de la Dirección contra el Terrorismo (DINCOTE) entre el 4 y el 7 de noviembre de 1992 y que la legislación antiterrorista preveía un régimen de incomunicación y aislamiento, entre otras restricciones. En consecuencia, la Corte IDH afirmó que el Estado de Perú es responsable por la violación de su derecho a la integridad personal, así como por la falta de investigación oportuna de hechos tan graves y una denegación de justicia.

También durante ese período, la Corte IIDH consideró que se habían violado las garantías del artículo 8 de la Convención Americana al haber sido el señor Pollo Rivera procesado por los llamados fiscales y jueces “sin rostro” de las jurisdicciones militar y ordinaria, por no configurar un tribunal competente, independiente e imparcial. Además, verificó que a pesar de que no declaró en su contra o de terceros, como consecuencia de las torturas a las que había sometido, se había violado el artículo 8(2)(g). El carácter privado del proceso judicial previsto por la legislación peruana fue igualmente considerado violatorio del artículo 8, inciso 5. Finalmente, la Corte IDH sostuvo que el haber presentado al señor Pollo Rivera ante la prensa, esposado, con traje a rayas y señalado como médico personal del cabecilla de Sendero Luminoso cuando aún no había sido procesado ni condenado, constituyó una violación al principio de presunción de inocencia.

Con relación a las violaciones a la Convención Americana ocurridas durante el segundo período, la Corte IDH afirmó que la segunda prisión preventiva dictada en contra del señor Pollo Rivera también carecía decía de motivación suficiente, configurándose así en el fundamento de una detención ilegal.

Respecto del segundo proceso penal realizado contra el señor Pollo Rivera, la Corte IDH consideró que el Estado peruano violó su derecho de defensa porque en la sentencia condenatoria se tomaron en cuenta declaraciones rendidas ante la DINCOTE en 1995 por personas que, al declarar durante el juicio oral, manifestaron haber sido presionadas o coaccionadas por integrantes de la DINCOTE en aquél entonces, sin que conste un pronunciamiento o valoración específicos al respecto y si dicha situación invalidaba tal medio probatorio en ese caso. Además, señaló que la condena penal se basó en grado decisivo en información proporcionada en las declaraciones de una testigo “arrepentida” con identidad reservada, quien fue la única que en el juicio oral lo reconoció como partícipe en determinados actos médicos, sin que las autoridades judiciales sustanciaran la existencia de un riesgo para la vida o integridad de la testigo o la imposibilidad de disponer medidas de protección alternativas, y sin haber dispuesto alguna medida compensatoria para preservar el derecho de defensa del imputado.

Asimismo, la Corte IDH consideró que la condena impuesta en aplicación del artículo 321 del Código Penal peruano de 1991, lesionó la legalidad por la interpretación que del mismo hizo la Corte Suprema de Justicia, pues la sentencia, a pesar de afirmar que el acto médico era atípico, finalmente consideró que la reiteración de actos médicos por parte del señor Pollo Rivera para supuestamente atender a miembros del grupo terrorista, quienes luego volverían a practicar actos criminales, indicaría la voluntad del médico de cooperar con la organización criminal, aunque dicha colaboración consistiera en actos atípicos. En este sentido, la Corte reiteró la responsabilidad del Estado por haber criminalizado el acto médico, que no sólo es un acto esencialmente lícito sino que es un deber de un médico el prestarlo. En consecuencia, concluyó que el Estado peruano es responsable por la violación del principio de legalidad, reconocido en el artículo 9 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pollo Rivera.

La Corte IDH sostuvo, además, que, dado que el señor Pollo Rivera permaneció privado de su libertad entre el 26 de agosto de 2003 y el 12 de febrero de 2012, a raíz del procesamiento y condena penal derivados de un enjuiciamiento violatorio del principio de legalidad y las garantías judiciales, la detención devino además en arbitraria, en violación del artículo 7.3 de la Convención Americana.

Por último, la Corte consideró las afectaciones psíquicas a la integridad de los familiares, por lo cual declaró al Estado responsable por la violación del derecho a la integridad psíquica y moral, reconocido en el artículos 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de María Asunción Rivera Sono (madre), Eugenia Luz Del Pino Cenzano (ex esposa), Juan Manuel, María Eugenia y Luis Eduardo Pollo Del Pino (hijos), Luz María Regina Pollo Rivera (hermana), María Mercedes Ricse Dionisio (conviviente) y Milagros de Jesús Pollo Ricse (hija).

Con respecto a las reparaciones, la Corte IDH estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado: i) continuar y concluir, con la debida diligencia y en un plazo razonable, la investigación actualmente en curso por los hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes sufridos por el señor Pollo Rivera y, de ser procedente, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables; ii) publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; y iii) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de daños materiales e inmateriales y por reintegro de costas y gastos.

Descargar archivo 1 : fallos44726.pdf
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