Río Negro. Demora de NNyA. Facultades policiales

Local \ Río Negro \ Superior Tribunal de Justicia (Río Negro)
Fecha resolución: 31 - Oct - 2016

            El STJ   de Río Negro hizo lugar al recurso de casación interpuesto por  la Provincia contra el fallo del Juez de habeas corpus que prohibió la demora de NNyA por personal policial en los supuestos en que estos no se encontraran cometiendo delito alguno. Es decir que a partir de esta resolución la policía provincial se encuentra habilitada para proceder a detener a personas menores de edad, llevarlas a las dependencias policiales sin control   judicial alguno y con el cierto riesgo de que en tal circunstancia se generen situaciones que den lugar a eventuales apremios ilegales.

            Así vienen a convalidarse prácticas propias de las épocas de dictadura y observamos como el poder judicial, quien debe ser el último bastión guardián de los derechos y garantías constitucionales, avala estas conductas.

            La selectividad propia del sistema penal juvenil genera que esas detenciones sean precisamente las de aquellos jóvenes de determinadas características étnicas, sociales, que visten de una forma determinada, que habitan en la periferia y que pertenecen al grupo de personas menores de edad en situación de vulnerabilidad. Y así responde el estado, en lugar de atender estas cuestiones con programas sociales específicos que garanticen la reparación y/o restauración de derechos vulnerados, generando políticas públicas inclusivas que aseguren igualdad de oportunidades, satisfacción de necesidades básicas, educativas, etc., se opta por la faz represiva en franca violación a los principios de inocencia y culpabilidad y se aplica el llamado derecho penal de autor. Entonces ya no se lo juzga al joven por una eventual conducta delictiva sino por quien es, por cómo se viste, con quién se junta, qué música escucha o cómo piensa. Como consecuencia de ello se desvirtúa el principio rector que sostiene que todo ordenamiento legal propio de un estado derecho exige que se configure lo que se denomina derecho penal de acto, esto es que al agente se lo juzgue por lo que hace y no por lo que es.

            Este fallo, contradijo toda la jurisprudencia anterior emanada del mismo cuerpo, al admitir el recurso contra una sentencia de habeas corpus que hizo lugar al planteo, cuando de conformidad al art  8 in  fine de la ley provincial 3368, sólo resulta recurrible la resolución que deniega un habeas corpus, y no la que lo concede. Y para justificar su tratamiento los magistrados señalaron una cuestión de gravedad institucional, basada en la supuesta errónea aplicación y/o interpretación de la ley de protección de NNyA. Cuando el voto mayoritario analizó esta ley efectuó una desacertada interpretación al señalar que las obligaciones que la ley 4109 impone al estado rionegrino se proyectan en todos sus estamentos incluso en la fuerza policial orientada al socorro   y auxilio de NNyA. Omitió considerar que la ley 4109 tiene una sola autoridad de aplicación que es precisamente el organismo proteccional conforme surge de dicho texto legal y no la agencia policial.

            El pronunciamiento señala que la ley 1965 art. 9 establece que   cuando personal policial, en uso de sus facultades y en ejercicio de sus funciones, tomara contacto con NNyA debe en forma inexcusable e inmediata dar fehaciente aviso al organismo proteccional a fines de resguardar sus derechos y refiere también el STJ que el último inciso k de ese artículo fue derogado y que la norma no colisiona con la ley 4109. Pues bien, preciso es recordar que esta misma defensa en su oportunidad planteó y este mismo Juez de HC declaró la inconstitucionalidad del art. 9 inc. k de la ley orgánica policial que autorizaba a detener menores en la vía pública.    El referido texto  establecía que la policía tenía a su cargo el ejercicio de la seguridad de los menores, especialmente en lo que se refiere a su protección, impedir su vagancia, apartándolos de lugares y compañías nocivas, reprimir todo acto atentatorio hacia su salud física o moral, de la forma en que las leyes y los edictos determinen, y contribuir a la acción social y educativa que en materia de seguridad ejercen instituciones públicas y privadas.Dicho fallo que declaró la inconstitucionalidad del mentado artículo, fue recurrido por  la Policía  provincial y finalmente acudiendo a interpretaciones procesales se declaró su nulidad remitiéndose a la cámara de origen para que con otra integración resolviera. Finalmente se declaró abstracta la cuestión. Sin perjuicio de ello, el fallo ordenó a la entonces presidente del CONIAR realizar gestiones para su derogación. Finalmente se modificó dicha normativa mediante la ley     4699, se deroga el inciso k y se determina la mentada obligación de dar aviso al organismo proteccional para el resguardo del derecho de las personas menores de edad.

            Por supuesto que de existir una situación de vulnerabilidad el personal policial debe dar intervención a los sistemas de protección local de derechos, pero ello de ningún modo los habilita a detener a los jóvenes porque sí   y llevarlos a las dependencias policiales.

            Sostiene el máximo órgano judicial de la provincia que el fallo del a quo invadía políticas públicas de prevención y protección. Se advierte un claro error conceptual respecto a quién es el encargado de las políticas publicas de protección de derechos de la infancia. No es la policía el ejecutor de políticas públicas de protección de derechos sino los servicios locales que dependen de los poderes ejecutivos provincial y municipales. Nunca la fuerza represiva puede actuar en la aplicación ni en el diseño de las políticas públicas porque esa no es su función. Y el hecho de que un representante de dicha fuerza como sostiene el fallo- participe del Consejo de  la Niñez  y Adolescencia de Río Negro, de modo alguno otorga funciones proteccionales que no le han sido asignadas.

            Este fallo resulta francamente regresivo, se desentiende de las recomendaciones efectuadas por  la Corte  Interamericana  de Derechos Humanos en el caso Bulacio, con el consecuente riesgo de exponer al estado nacional a ser sancionado nuevamente.

            Ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la palabra.

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