Condena no firme. Excarcelación por vencimiento de plazo de la prisión preventiva. Plazo legal vs. plazo judicial. Estándares internacionales. Menores. Principio de especialidad.

Local \ Río Negro \ Superior Tribunal de Justicia (Río Negro)
Fecha resolución: 06 - Abr - 2016

En el presente caso, el menor C.J.A. permanece privado de libertad desde que fue detenido el 30 de mayo de 2011, inicialmente como parte de un tratamiento tutelar (por ser menor de edad al momento del hecho que se le reprocha, ocurrido el día anterior) y, luego de adquirida la mayoría de edad, en prisión preventiva. Llevaba entonces, a la fecha de esta sentencia, más de cuatro años y diez meses de encierro cautelar, dado que aún no se encuentra firme la condena a doce años de prisión que se le dictó en esta causa por encontrarse recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


La defensa solicitó la excarcelación de su defendido por vencimiento del plazo de la prisión preventiva en los términos del Art. 287 bis y 287 ter del CPP de Río Negro y por inexistencia de riesgo procesal (STJRNS2 Se. 32/06 entre otros) atento haberse superado en exceso el plazo legal máximo previsto en dicha normativa para el mantenimiento del encierro cautelar (tres años y seis meses).


Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 303, del 23 de octubre de 2015, la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió denegar el pedido de excarcelación formulado por los señores Defensores Penales de C.J.A. con los fundamentos que podrían ser sintetizados de la siguiente manera:


  • -Que no se encontraba afectada en autos la garantía de plazo razonable, derivando sus efectos sobre la prisión preventiva vigente;

  • -Que el plazo máximo de prisión preventiva dispuesto en los Arts. 287 bis y ter tienen carácter ordenatorio por lo que su vencimiento no necesariamente conllevaba la revocación automática de la prisión preventiva; y

  • -Que subsistía peligro de fuga como riesgo procesal habilitante del mantenimiento de la medida cautelar en contra de César Ardaiz.


  • Dicha resolución motivó el recurso de casación de los defensores, que derivó en el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro que se comenta y que dispuso, a saber:


  • * Que hay un lapso temporal luego del cual se excede el límite de lo razonable y, aunque subsistan los motivos de cautela, la persona debe ser liberada”.(conf. STJRNS2 Se. 112/14 “Porfiri”). Tal doctrina legal fue ratificada en pronunciamientos posteriores, donde se señaló claramente que “el prudente arbitrio judicial se encuentra configurado dentro del plazo dado por los años del primer párrafo del artículo 287 bis del rito más sus dos posibles prórrogas, luego del cual se excede el límite de lo razonable y, aunque subsistan los motivos de cautela, la persona debe ser liberada (STJRNS2 Se. 202/15 “Geldres” y Se. 211/15 “Fernández”).


  • * Que de acuerdo con la ley procesal vigente en Río Negro, el máximo tiempo por el cual una persona puede ser sometida a prisión preventiva es de tres años y seis meses, a contar desde la fecha de aplicación de dicha restricción ambulatoria. Dicho término es, y ello no puede controvertirse ni mucho menos relativizarse en el marco normativo referido, un “plazo legal” que, como tal, es indisponible; no solo para las partes de un proceso sino también para el Juez a cargo. Así, en la provincia de Río Negro, el plazo máximo de prisión preventiva es “legal” y, como tal, fatal a su vencimiento; a nivel federal es un plazo “judicial” y, como tal, relativo y a fijar por el prudente arbitrio de los jueces.


  • * En la sentencia impugnada no se han tenido en consideración las particularidades del imputado, en el sentido de que, al haber cometido el hecho endilgado cuando era menor de edad, ello por sí solo ameritaba un tratamiento diferenciado, adecuado a tal circunstancia, en conformidad con el plexo normativo que rige respecto de las personas que se encuentran en tal condición, que impone, entre otras cosas, la excepcionalidad de la privación de libertad -sea o no cautelar- y, en caso de corresponder, solamente en la menor medida que sea posible, además del deber de supervisar periódicamente si subsisten los motivos que la originaron; esto último, claro está, sin perjuicio de que también se establezca el cese de la privación de libertad cuando se torne a todas luces irrazonable, como ha sucedido en este caso.


  • * En ese sentido, recientemente este Superior Tribunal ha hecho referencia a que ese trato diferenciado tiene fundamento en las particularidades que presentan quienes se encuentran en una etapa que los distingue de las personas adultas, por tratarse de “una etapa de la vida caracterizada por un menor grado de desarrollo físico, emocional y madurativo, lo que no solo es relevante en virtud de que naturalmente reduce el reproche que eventualmente podría merecer, sino que los hace titulares de derechos y garantías específicos, que emanan de los lineamientos reconocidos en normas internacionales de derechos humanos, muchas de ellas con jerarquía constitucional, encaminadas a hacer efectiva una mayor protección a los niños, niñas y adolescentes que sean sometidos a procesos de responsabilidad penal juvenil” (conf. STJRNS2 Se. 184/15 y 203/15, en la primera de las cuales se reseña esa normativa y se agregan referencias a los fundamentos neurocientíficos de tal distinción, a cuya lectura remito).


  • * En esos precedentes se destacó la importancia del principio de proporcionalidad, que implica que cualquier respuesta a quienes hayan cometido un ilícito penal siendo niños, niñas o adolescentes debe ser en todo momento ajustada a sus circunstancias como menores de edad, no solo al delito, principio que cobra relevancia al momento de establecer qué medida cautelar se impondrá y, en su caso, qué duración tendrá la privación de la libertad, en caso de que así corresponda como último recurso.
    En otras palabras, no puede desconocerse que el impacto que el encierro cautelar tiene en una persona que se encuentra en etapa de formación, sin haber alcanzado aún la madurez física y psicoafectiva, no resulta igual al que podría tener respecto de quien se encuentra ya en la etapa de adultez, lo que debió haber sido tenido en cuenta por los operadores del sistema de justicia al analizar la petición de excarcelación.

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