La CIDH sancionó a Argentina en los fallos "Fernández Prieto y Tumbeiro" y "Acosta Martínez" por abusos policiales en las requisas personales, de automóviles, aprehensión y posterior muerte de un afrodescendiente por aplicar en forma arbitraria y sin mayores explicaciones el término "actitud sospechosa". También hace mención a la mala praxis policial y el aval del Poder Judicial que no analizó en forma debida si se respetaban los estándares constitucionales vigentes.