doctrina

EL DERECHO DEL ACUSADO A HABLAR A MÁS TARDAR EN EL PROCESO PENAL COLABORATIVO BRASILEÑO: UNA PONDERACIÓN DE VALORES ENTRE LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN Y LEGALIDAD A LA LUZ DE DWORKIN


INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca abordar el problema que recientemente trajo a la Corte Suprema del Brasil (“Supremo Tribunal Federal”), que se refiere a un caso difícil (hard case), que surgió en un proceso penal colaborativo, que involucra al instituto multicolor de colaboración premiada (o, para algunos, delación recompensada).

La disputa, que llegó a la Corte Suprema Federal, fue considerada en el momento de la sentencia de la apelación interlocutoria interpuesta por el hábeas corpus n. 157.627, cuya sentencia aún está pendiente de publicación. En la acción constitucional, la determinación del entonces juez federal Sérgio Moro fue cuestionada para que los acusados comunes y los “acusados colaboradores o delatores” se manifestaran, en la fase de las alegaciones finales [art. 403, Párrafo 3, del CPP], dentro del mismo período.

El problema surge del hecho de que, en teoría, no existe, ninguna diferencia de trato entre el acusado común y el acusado colaborador (delator), por lo que el orden de presentación de las alegaciones finales debería ser el mismo, ya que están sujetos a posición procesal "igual".

En este contexto, la cuestión del incumplimiento de lo contradictorio surge con la determinación de la presentación conjunta de las alegaciones finales entre el acusado común (nominado hasta el final solo como acusado) y el acusado que presta colaboraciones con la justicia (llamado de colaborador o delator), ya que estos últimos – no obstante sean acusados – no juegan un papel antagónico con la acusación. ¡Todo lo contrario! Como quieren ver sus acusaciones probadas en la corte, porque solo de esta manera tendrán derecho a los “regalos legales”, el delator actúa en franca sociedad con el cuerpo de acusación oficial, es decir, el fiscal.

Por lo tanto, en vista de esta peculiaridad que surgió en el proceso penal colaborativo brasileño, la Corte Suprema Federal tuvo que analizar el caso difícil para saber si, de hecho, la regla procesal (principio de legalidad), que no hace distinción entre tales sujetos, debe prevalecer o si habría, en caso, una colisión de principios, dado que el acusado tiene el derecho de contrarrestar todos los cargos presentados contra él, ya sea por el cuerpo de acusación oficial o por su "litisconsorte" en el proceso de (el colaborador premiado).

Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo discutir lo que ha sido privilegiado y por qué lo ha hecho. Para este fin, el trabajo se divide en tres capítulos. En el primer, se resuelve la problemática entre la distinción entre "reglas versus principios: nociones generales sobre las tesis fuertes (Dworkin y Alexy) y débiles (Hart)".

Después de tal diferenciación, discutimos "el principio de contradicción (sustancial) en la ley brasileña como un mecanismo para potenciar un proceso criminal democrático", señalando la necesidad de superar una visión reduccionista de la contradicción, que tiene en cuenta solo el binomio de la ciencia y la posibilidad de manifestación. Se expresa la necesidad no solo de lo contradictorio como una posibilidad, sino como una obligación, de modo que la reacción debe ser alentada y buscada para que la estructura dialéctica del proceso se mejore de manera efectiva, sustancial, no meramente formal.

Finalmente, en el tercer capítulo, nos enfrentamos a "la posición de la Corte Suprema Federal en el "caso difícil "enfrentado en la que en el hábeas corpus 157.627: una ponderación de valores entre el principio de contradicción y legalidad", buscando demostrar que, en este caso, entre la ausencia de una distinción legal entre el acusado y delator (el principio de legalidad), y la mitigación del alcance del principio contradictorio, en la ponderación de los valores, el Tribunal Supremo, en este caso, le dio mayor importancia al contradictorio, de esta manera, para asegurar al demandado colaborador el derecho a hablar, siempre y siempre, por último.


2.  REGLAS VERSUS PRINCIPIOS: NOTAS GENERALES SOBRE LAS TESIS FUERTES (DWORKIN Y ALEXY) Y DÉBILES (HART)


Los debates entre positivismo y post-positivismo hasta el día de hoy generan discusiones, especialmente con respecto a la (im) posible limitación del subjetivismo del intérprete. Si el positivismo, por un lado, admite en los llamados casos difíciles un margen de discreción para el juez, el post-positivismo tiene como objetivo restringir el alcance de esta elección "libre".

De esto se deduce que la estructura del sistema legal, ya sea como ciencia de las reglas (Hart) o reglas y principios (Dworkin y Alexy), tendrá un gran diferencial en la difícil tarea de resolver conflictos normativos. Los conflictos se presentarán como antinomia (reglas existentes y conflictivas) o como lagunas normativas, en cuyo caso habrá un caso específico, pero no habrá normas específicas que se apliquen a él.

Por lo tanto, es en el campo de la interpretación, de la hermenéutica, que estos debates serán bastante complejos, generando posiciones antagónicas, pero no necesariamente incoherentes o insostenibles. A pesar de la coherencia del positivismo de Hart, brillantemente trabajado en el libro de Juan Pablo Alonso, profesor de la Universidad de Buenos Aires, la visión de Dworkin, también tiene fundamental importancia, sobre todo para la sofisticación de la tesis de Alexy.

De hecho, se entiende que hoy, especialmente en el campo del derecho constitucional, que es la base de todas las demás ramas del derecho, la hermenéutica constitucional es realmente una hermenéutica de principios[1], por lo que el punto de partida del intérprete es, en la tarea de descubrir el alcance de las normas constitucionales, evidentemente serán los principios referidos, constitucionales, los que actuarán como verdaderos vectores interpretativos. [2]

Por esta razón, si los principios constitucionales son la brújula del intérprete en la tarea de aplicar la ley, no se puede evitar en el presente trabajo la incursión necesaria de la discusión sobre la distinción entre las normas legales (categoría macro), estas incluyen las subcategorías, categorías normas-reglas y normas principios.

Hay que mencionar, inicialmente, basado en las lecciones de Felipe Oliveira de Sousa, que:


O conceito de norma jurídica e a distinção entre duas de suas espécies (regras e princípios), ainda que não seja um assunto recente, ganhou muita força na discussão contemporânea em teoria do direito, sobretudo com as obras de Ronald Dworkin (2002) e Robert Alexy (1985).[3]


También según Felipe Oliveira de Sousa, debe tenerse en cuenta que los criterios utilizados para hacer la distinción entre principios y reglas son muy diversos y, a veces, incluso irreconciliables[4], de modo que:


Não há um consenso, por exemplo, se entre princípios e regras (i) há uma relação de cogeneralidade, caso em que princípios e regras seriam dois gêneros autônomos de categorias normativas, ou (ii) há uma relação de especialidade, caso em que princípios e regras seriam duas espécies de uma mesma categoria conceitual designada, genericamente, com o termo “norma jurídica”, ou (iii) há uma relação não entre dois tipos conceituais claramente definidos, mas, sim, uma relação entre dois modos distintos de aplicar enunciados normativos a casos concretos. [5]


Si bien, como hemos visto, no hay paz sobre los tipos de distinción, hay coherencia en cualquiera de las hipótesis anteriores, por lo tanto, por lo que el autor antes mencionado observa, uno no debe ir en contra, especialmente si uno analiza la discusión desde un punto de vista funcional, que debe tener como alcance una distinción entre principios y reglas justificadas por su utilidad práctica.

De hecho, en la línea de Bernardo Gonçalves Fernandes, después de la conquista de la normatividad de los principios, la dogmática moderna generalmente divide las normas legales en dos categorías distintas ya anunciadas, a saber, "norma-regla" y "norma-principio". Sin embargo el logro regresivo, el autor señala que, a pesar de que los principios ahora se entienden como normas legales, estableciendo obligaciones, permisos o prohibiciones de conducta, todavía carecían de criterios teóricos suficientes para permitir la separación de una especie - norma-regla versus norma-principio - por el otro[6], motivo por lo  cual, tomando prestadas las lecciones de Canotilho, se resumen los principales criterios diferenciadores entre estas normas.:


a) Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstração relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstrativização relativamente reduzida; b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do legislador ao juiz), enquanto as regras são susceptíveis de aplicação direta; c) Caráter de fundamentalidade no sistema das fontes do direito: os princípios são normas de natureza estruturante ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex: principio do Estado de Direito); d) Proximidade da ideia de direito: os princípios são “standards” juridicamente vinculantes radicados nas exigências de justiça (Dworkin) ou na “ideia de direito” (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional; e) Natureza normogenética: os princípios são fundamentos das regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante.[7]


            A pesar de las características sintetizadas por Canotilho, es posible identificar en la doctrina al menos dos o tres posiciones sobre la distinción principio versus regla, a saber: una que dibuja una distinción "fuerte"; otro que dibuja una distinción "débil"; y otro más que rechaza por completo la posibilidad de distinguir.[8] En el presente trabajo, que no tiene pretensiones de agotamiento del tema (es importante decir), se discutirá superficialmente sobre las distinciones débiles y fuertes.


2.1.    Algunas líneas sobre la "fuerte distinción" entre normas-reglas y normas-principios

              Citados brevemente, son los principales exponentes y partidarios de la "fuerte distinción" Ronald Dworkin y Robert Alexy, para quienes, defendiendo un criterio de distinción cualitativa, ambas normas pertenecen a la categoría "normas jurídicas", siendo la característica distintiva entre no son el grado de vaguedad sino el tipo de directiva que presentam[9].

              Según Dworkin, en una crítica dirigida al positivismo, especialmente de Herbert Hart, el modelo positivista, siendo un sistema formado exclusivamente por reglas, sería insuficiente para manejar casos difíciles, por lo que, en tales situaciones, deben emplearse estándares, cuyo modo de operación difiere de las reglas.[10]

              En palabras de Juan Pablo Alonso, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Dworkin, “a partir del rechazo de una peculiar reconstrucción del iuspositivismo, sostiene que los principios no son reducibles a (o explicables como) reglas, porque tienen estructuras, funciones y orígenes distintos”.[11] Juan Pablo Alonso, al analizar la fuerte distinción de Dworkin, explica que las diferencias entre los principios y las reglas se pueden resumir en la (i) forma diferente de regular la conducta y (ii) la forma diferente de determinar su pertenencia al sistema legal.[12]

              Así, con respecto a la primera distinción, que toma en cuenta la forma en que se regula la conducta, el profesor de la Universidad de Buenos Aires explica que:


[…] las reglas se aplican “todo o nada” (all or nothing); la aplicación de los principios, en cambio, depende de la ponderación de los distintos principios en juego, de las consecuencias de la decisión, y de un cúmulo de circunstancias que no se presentan ni se discuten cuando se juzga la aplicabilidad de una regla.[13]


              En el mismo sentido, al reforzar las palabras de Juan Pablo Alonso, Gilmar Ferreira Mendes y Paulo Gustavo Gonet Branco señalan que la “norma da espécie regra tem um modo de aplicação que a diferencia, qualitativamente, da norma da espécie princípio” [14], una vez que, em cuanto aquellas se aplican a la forma de "todo o nada", estos últimos se analizan en la dimensión de peso [15]:


Os princípios têm uma dimensão que as regras não possuem: a dimensão do peso. Os princípios podem interferir uns nos outros e, nesse caso, deve-se resolver o conflito levando-se em consideração o peso de cada um. Isso, admitidamente, não se faz por meio de critérios de mensuração exatos, mas segundo uma indagação sobre quão importante é um princípio – ou qual o seu peso – numa dada situação. Não se resolvem os conflitos entre princípios tomando um como exceção ao outro. O que ocorre é um confronto de pesos entre as normas que se cotejam.[16]


              Por lo tanto, si bien las reglas buscan definir una conducta exacta que, si se practica, conlleva ciertas consecuencias legales ya previstas, los principios son formulaciones más genéricas, cuya aplicabilidad, en cada caso específico, dependerá de su peso o importancia en relación con estándares en juego. Esta es la razón por la cual se dice que las reglas tienen un alcance cerrado y una consecuente normativa determinada, mientras que los principios tienen la hipótesis de incidencia abierta y la consecuente normativa indeterminada.

              Estas diferencias, por supuesto, tienen un impacto directo en la forma en que se utilizarán en casos de conflicto (de reglas) o colisión (de principios), ya que:


Si dos reglas entran en conflicto, la decisión respecto de cual debe prevalecer depende de consideraciones que transcienden a las reglas mismas, consideraciones relativas al modo en que han sido creadas, por lo que pierde validez la regla que es vencida. Al contrario, cuando dos principios entran en conflicto, la cuestión puede resolverse decidiendo cuál de los dos tiene mayor peso o importancia con relación al caso que ha sido traído a estudio, sin que el principio vencido pierda la validez. [17]


              Finalmente, incluso en el contexto de la "distinción fuerte", Dworkin, al discutir la segunda distinción, destaca (ii) la forma diversa de pertenecer a las reglas y principios del orden legal. Si bien los primeros pertenecen a un orden legal porque han sido promulgados por alguna institución competente, de acuerdo con los procedimientos estipulados en las reglas de competencia (que serían las "reglas secundarias del positivismo de Hart"), los principios no pertenecen a la ley por su propia naturaleza, linaje, origen o pedigrí, ya que se consideran parte integral de un conjunto de principios que mejor cristalizan y reproducen la historia institucional de la ley establecida en un sistema legal dado.[18]

              En este escenario, para finalizar estas breves líneas sobre la fuerte distinción entre reglas y principios, se puede concluir que, si bien las normas-reglas se aplican con base en el criterio de "todo o nada", los conflictos se resuelven, si los hay, con los métodos hermenéuticos clásicos de (i) jerarquía, (ii) especialidad y (iii) cronología, las normas-principios no son exclusivas, por lo tanto, en caso de una colisión entre normas-principios, el intérprete debe guiarse por criterio de ponderación en el caso específico.


2.2.    Algunas líneas sobre la "distinción débil" entre normas-reglas y normas-principios


Como visto, en la tese fuerte, las reglas se aplican “todo o nada”, al paso en que la aplicación de los principios, al revés, depende de la ponderación de los distintos principios en juego, de las consecuencias de la decisión, y de un cúmulo de circunstancias que no se presentan ni se discuten cuando se juzga la aplicabilidad de una regla.[19]

De hecho, como bien señala Rodrigo Telles de Souza, la tesis de la distinción débil establece que la diferencia entre reglas y principios es solo de grado, por lo que los principios serían normas más generales, abstractas e importantes que las reglas, sirviendo solo como base normativa para la toma de decisiones. Es decir, los principios no serían normas capaces de aplicación directa, indicando solo la dirección en la que se ubica la regla a aplicar.[20]

Defienden la débil tesis de separación: Hart, Bayón, Prieto, Moreso y Comanducci.[21] En pocas palabras, Juan Pablo Alonso, citando a Hart, señala que hay diferentes formas de establecer contrastes entre principios y reglas, a saber:


A) los principios son más generales que las reglas em el sentido de que un número determinado de reglas puede ser mostrado como una ejemplificación de un principio; y b) los principios hacen referencia a propósitos, metas, facultades o valores que se presentan como algo deseable de preservar o de adherir, y suministran no solo una explicación o racionalidad subyacente de las reglas, sino que, además, contribuyen a su justificación. [22]


              Todavía de acuerdo con el positivismo de Hart, explica Juan Pablo Alonso, hay un tercer rasgo diferenciador que no supone una división tajante de tipo lógico, sino una diferenciación gradual: el carácter “todo o nada” de las reglas. Aquí, el positivista Hart hace una crítica a la teoría de Dworkin, sosteniendo que es incorrecta tal formulación, una vez que igual que los principios, las reglas que prima facie resultan aplicables a un caso pueden ser dejadas de lado en virtud de otras reglas, sin que las primeras pierdan su validez como regla jurídica.[23]

              Aún de acuerdo al profeso Alonso, en cita de Hart, para este:


No hay razón para que un sistema jurídico no reconozca que una regla valida determina un resultado en los casos a los que es aplicable, excepto cuando hay otra regla, considerada de mayor importancia, que es aplicada también al caso. Por consiguiente, una regla derrotada en competencia con otra regla en un caso determinado puede, al igual que un principio sobrevivir y determinar resultados en otros casos en los que se juzgue de mayor importancia que otra regla rival. [24]


              Además de eso, Prieto también hace criticas acerca de la forma de colisión dibujada por Dworkin, diciendo que mismo en los casos de colisión son semejante, teniendo en cuenta que, así como en los principios, cuando existe un conflicto entre reglas no es necesario declarar una invalida para solo entonces aplicar otra.

              En una comparación, Juan Pablo Alonso dice que no habría diferencia cuando dos normas se contradicen parcialmente, una vez que se puede aplicar o una u otra, por el medio de criterios de especialidad. De esta forma, no existiría distinción entre el criterio de especialidad que rige entre las normas y el criterio de peso o importancia que se ha atribuido a los principios.

              En conclusión, para la distinción débil, es muy difícil hacer una separación clara entre reglas e principios, tratándose pues de una cuestión de grado, siendo un posible criterio la generalidad de los principios frente a la especificad de las reglas. [25] Tanto eso es verdad que Bruno Sacramento llega a decir quehá conflitos entre regras que são resolvidos da mesma forma que a colisão entre princípios: pela ponderação”.[26]


2.3.    Consideraciones finales acerca de las reglas y principios


              En conclusión, a pesar de las tesis débiles y fuertes, se supone que los principios, hoy, son hechos de legitimación de decisiones judiciales y que pueden aplicarse directamente al caso específico, incluso prevaleciendo sobre la norma-regla en un determinado caso particular.

              Es decir, aunque se dice que la generalidad de los principios impediría su aplicación inmediata, lo que solo sería posible a través de una regla, cuya conducta está prevista y se determina la consecuencia normativa, no se está de acuerdo con ello, sobre todo porque un orden orientado a principios se convierte en más coherente y homogéneo.

              Por lo tanto, se reconoce el carácter normativo de los principios, cuya efectividad no es jerárquicamente inferior a la de las reglas, y la ponderación de los principios, especialmente en los llamados casos difíciles, es la mejor manera de tomar una decisión justa, mitigando tanto como sea posible. la subjetividad del juez, quien no puede hacer que la aplicación de la ley sea un acto discrecional, ni siquiera en casos difíciles, como Hart incluso admitió.


3.  EL PRINCIPIO DEL CONTRADITORIO (SUSTANCIAL) EN LA LEY BRASILEÑA COMO MECANISMO PARA POTENCIALIZAR UN PROCEDIMIENTO PENAL DEMOCRÁTICO


Habiendo establecido la importancia de los principios, es necesario discutir la relevancia de lo sustancial contradictorio en el proceso criminal democrático. Solo con la noción de la amplitud de este principio será posible, después, comprender la problemática conflictiva que se estableció en la Corte Suprema Federal, analizando la (im) posibilidad de presentación simultánea de alegatos finales entre delatores y delatados.

De hecho, la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, así como las constituciones de cualquier estado que sea democrático y de derecho, garantiza el derecho a lo contradictorio dentro del catálogo de derechos y garantías fundamentales.

En un trabajo clásico sobre Nulidad en el procedimiento penal, Ada Pelegrini Grinover señala bien que:


A defesa e o contraditório estão indissoluvelmente ligados, porquanto é do contraditório (visto em seu primeiro momento, da informação) que brota o exercício da defesa; mas é essa – como poder correlato ao de ação – que garante o contraditório. A defesa, assim, garante o contraditório, mas também por este se manifesta e é garantida.[27]


Comúnmente, en la doctrina brasileña, se hace la afirmación, a veces de manera simplista, de que el contradictorio no es más que el derecho a la información con la facultad de manifestación posterior. Es decir, uno se da cuenta de un acto para luego manifestarse al respecto. Por lo tanto, siempre se afirma, cuando se hace referencia al principio en cuestión, que existe un binomio indispensable, siempre y siempre compuesto por la ciencia y la manifestación.

En este sentido, Néstor Távora y Rosmar Rodrigues dirán, por ejemplo, que se considerará el principio de contradicción siempre que se privilegie la ciencia y la participación binomiales.[28] Gustavo Badaró, a su vez, en su Curso de Proceso Penal, en su disertación sobre lo contradictorio, destaca el cambio de concepción sobre ese principio, advirtiendo que:


O contraditório deixa de ser mera possibilidade para se transformar em uma realidade. Deve haver real e igualitária participação dos sujeitos processuais ao longo de todo o processo, assegurando a efetividade e a plenitude do contraditório. É o que se denominou de contraditório efetivo e equilibrado.[29]

 

Según Badaró, esta contradicción efectiva y equilibrada ya no se satisface con la mera posibilidad de reacción. Es necesario, argumenta el autor, estimular y buscar la realización de la reacción para que la estructura dialéctica del proceso se mejore a través de tesis y antítesis con contenido e intensidad equivalentes, alcanzando una síntesis que, basada en premisas simétricas, sea más justa.[30]

Por lo tanto, es un derecho y, como derecho, observa Londoño Jiménez:


[…] debe nacer a la vida jurídica desde el momento en que surja jurisdiccionalmente un cargo por presunto delito contra alguna persona. Porque el principio de contradicción, como se desprende del sentido obvio de su enunciado, se caracteriza por las garantías que dispensa para oponerse y formular objeciones a los actos y decisiones que se tomen en detrimento de la situación jurídica del procesado. Y formular objeciones a los actos y decisiones solo esto, sino que también reviste al defensor de la facultad para contradecir y oponerse a las peticiones y planteamientos de las personas que, siendo funcionarios públicos o no, intervienen en el proceso.[31]


            Aún de acuerdo con Londoño Jiménez:


El derecho de contradicción tiene un origen claramente constitucional (Constitución Nacional, arts. 26 y 28) y se basa en varios de los principios del derecho procesal penal: el de la igualdad de las partes en el proceso; el de la necesidad de oír a la persona contra la cual va a surtirse la decisión; el de la imparcialidad de los funcionarios judiciales; el de la contradicción o audiencia bilateral; el de la impugnación y el del respeto a la libertad individual. [32]


            Por lo tanto, no es suficiente hacer viable la reacción en una mera isonomía formal. Más bien, debe garantizarse que, además de la ciencia, lo ha acusado del derecho a una manifestación efectiva, con igual intensidad a la acusación, bajo pena de garantizar una contradicción meramente formal, pero no sustancial o, como enseña Badaró, “efetivo e equilibrado”.[33]

En ese sentido, señala J.J Gomes Canotilho que “A teoria substantiva está ligada à idéia de um processo legal justo e adequado, materialmente informado pelos princípios da justiça, com base nos quais os juízes podem e devem analisar os requisitos intrínsecos da lei”.[34] 

Como se indicó, sin embargo, el adversario sustancial, en un debido proceso legal, confirmado por la Asamblea Constituyente de 1988 en el núcleo duro intangible de la Constitución Federal, asegura la jurisdicción más que una garantía de la ciencia y la facultad de manifestación.

Esto garantiza un proceso justo y participativo, donde la gente habla y escucha, donde se producen pruebas, pero también se valoran. Donde hay un cuerpo acusador [Fiscalía], una defensa activa y, sobre todo, un juez imparcial, atento a cada acto del proceso.

Es precisamente por eso que Marcelo Novelino, en su Curso de Derecho Constitucional, cuando discute el principio en cuestión, afirma que


O devido processo legal substantivo se dirige, em primeiro momento ao legislador, que constituindo-se em um limite à sua atuação, que deverá pautar-se pelos critérios de justiça, razoabilidade e racionalidade. Como decorrência deste princípio surgem o postulado da proporcionalidade e algumas garantias constitucionais processuais, como o Aceso à justiça, o juiz natural a ampla defesa o contraditório, a igualdade entre as partes e a exigência de imparcialidade do magistrado.[35]


Para corroborar lo anterior, vale la pena destacar un extracto del brillante voto del Ministro Gilmar Mendes, de la Corte Federal Suprema, en el que, discutiendo el tema, declaró que:


O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência ‘defair trial’, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.[36]


            Por lo tanto, una participación equitativa solo es posible cuando al acusado se le garantiza el derecho a reembolsar todos los cargos imputativos que se le atribuyen, razón por la cual:


el principio de contradicción, a la luz del Código de Procedimiento Penal, incluye todas las normas e instituciones procesales que les garantizan a las partes un oportuno y eficaz ejercicio de sus funciones, concretadas estas a la desvirtuación probatoria de los hechos que afectan sus pretensiones, lo mismo que a la impugnación de tesis contrarias y de providencias desfavorables. [37]


            Así, hay que concluirse que la ley o la interpretación no pueden permitir restringir este postulado, cuya esencia es la viabilidad del acusado de refutar, en tiempo y manera, con igual intensidad, la acusación hecha contra él. Corolario de esto, lo contradictorio obviamente impone la manifestación del acusado siempre duradera, en particular porque es solo de esta manera, por último, que se le asegura la ciencia y, en un momento inmediatamente posterior, la manifestación de lo que se dijo, sin lo que habrá de todo menos sustancial contradictorio.


4.        POSICIONAMIENTO DE LA CORTE FEDERAL SUPREMA EN EL CASO DURO HACIA LA APLICACIÓN DE HABEAS CORPUS 157.627: UNA PONDERACIÓN DE LOS VALORES ENTRE EL PRINCIPIO CONTRADITARIO Y LEGALIDAD


El Tribunal Supremo Federal, el Tribunal Máximo de Brasil, recientemente se encontró con un caso difícil que surgió en un caso penal colaborativo que involucra al instituto de colaboración galardonado con múltiples premios. Por cierto, como lo revela el sitio web Legal Consultant - Conjur, el 27/08/19, “a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal acatou, nesta terça-feira (27/8), um pedido de Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, para anular a condenação da primeira instância, em razão de ele ter sido obrigado a apresentar seus memoriais ao mesmo tempo que os delatores”.[38]   

              La disputa, que llegó a la Corte Suprema Federal, fue considerada en el momento de la sentencia de la apelación interlocutoria interpuesta por el hábeas corpus n. 157.627, cuya sentencia aún está pendiente de publicación. En la acción constitucional, la determinación del entonces juez federal Sérgio Moro fue cuestionada para que los delatores y los delatados se manifestaran, en la fase de las alegaciones finales [art. 403, Párrafo 3, del CPP], dentro del mismo período.

              Correctamente, se argumentó que tal imposición violaría indeleblemente los corolarios directos del principio rector del debido proceso legal, en el sentido de que los delatados tienen el derecho, como consecuencia ineludible del contradictorio [binomio esencial de conocimiento / ciencia y manifestación], para contrarrestar todos los cargos acumulativos en su contra, incluidas las denuncias por escrito de los delatores, incluso para ejercer efectivamente su derecho a la confrontación.[39]

            De hecho, según la posición aún dominante de la Corte Suprema Federal, los acusados ​​ni siquiera tienen derecho a impugnar los acuerdos de colaboración otorgados, ya que “como negócio jurídico personalíssimo, não vincula o delatado e não atinge diretamente sua esfera jurídica”.[40]-[41] Para la Corte:


[...] a homologação do acordo de colaboração, por si só, não produz nenhum efeito na esfera jurídica do delatado, uma vez que não é o acordo propriamente dito que poderá atingi-la, mas sim as imputações constantes dos depoimentos do colaborador ou as medidas restritivas de direitos fundamentais que vierem a ser adotadas com base nesses depoimentos e nas provas por ele indicadas ou apresentadas - o que, aliás, poderia ocorrer antes, ou mesmo independentemente, de um acordo de colaboração.[42]


            Cabe señalar, sin embargo, que si "la ratificación del acuerdo de colaboración en sí mismo no tiene ningún efecto en la esfera legal del delincuente", no ocurre lo mismo con las pruebas y declaraciones que el denunciante se une a la corte, los registros procesales, que servirán de base, al final del proceso penal, para la condena o absolución del imputado.

Dado este contexto, en el corazón de RHC n. 68542 / SP, de la Relatora de la Ministra Maria Thereza De Assis Moura, el Tribunal Superior de Justicia declaró que:


[...] 1. O acordo de colaboração premiada, negócio jurídico personalíssimo celebrado entre o Ministério Público e o réu colaborador, gera direitos e obrigações apenas para as partes, em nada interferindo na esfera jurídica de terceiros, ainda que referidos no relato da colaboração. 2. Assim sendo, supostos coautores ou partícipes do réu colaborador nas infrações desveladas, ainda que venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no "relato da colaboração e seus possíveis resultados" (art. 6º, I, da Lei n.º 12.850/13), não possuem legitimidade para contestar a validade do acordo. 3.  Não há direito dos “delatados” a participar da tomada de declarações do réu colaborador, sendo os princípios do contraditório e da ampla defesa garantidos pela possibilidade de confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor. 4. Precedentes do STF e do STJ. 5. Recurso desprovido.[43]               A pesar del hecho de que el Tribunal de Ciudadanos entendió que los acusados ​​permanecerían intactos el derecho a la confrontación, en el caso que llevó la discusión a la Corte Suprema Federal, incurrió en los méritos del escrito y entendió que no habría vergüenza en el hecho de que los acusados ​​presenten memoriales al mismo tiempo que los denunciantes, dado que no existe, "ya sea en el Código de Procedimiento Penal o incluso en la Ley nº 12.850/13, un dispositivo que autoriza el eventual trato diferenciado entre delatores e delatados, ya sea colaborador o no".               Es decir, para el Tribunal Superior de Justicia, el principio de legalidad debe prevalecer, en caso de que la Ley brasileña no distinga entre acusar al acusado y acusar al acusado, ambos en la misma posición en los procesos penales, a saber acusado, el polo pasivo de los procesos penales. Sin embargo, frente a esta colisión, donde, por un lado, la ley no haría distinción entre denunciante y denunciante, y por otro, el denunciante, a pesar de ser formalmente un acusado, se beneficia de su posición, la Corte Suprema Federal, al analizar el caso difícil, dio mayor peso al principio contradictorio.               Basado en un artículo titulado "El estado procesal del denunciante", por los profesores Luís Greco y Alaor Leite, el Ministro Dias Toffoli señaló que el denunciante no es:[...] um acusado ‘comum’. Afinal, entre outras coisas, o acusado ‘comum’, em nosso sistema processual, não entabula sigiloso consórcio com o órgão de persecução em desfavor de terceiro, levado à homologação judicial – pelo mesmo juiz que proferirá a sentença quanto ao colaborador e ao terceiro delatado –, tudo, em regra, antes do oferecimento da denúncia. O acusado ‘comum’ é simplesmente surpreendido pelo órgão de persecução, não granjeia qualquer melhora em sua situação processual e, também por isso, possui direito a uma acusação precisa e determinada (art. 41 CPP) e ao silêncio – ao qual renuncia o delator” (Disponible em: https://www.jota.info/paywall? redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penalem-foco/o-status-processual-do-correu-delator-30-09-2019 – grifos nossos).               Ahora, no se requiere un gran esfuerzo intelectual para deducir que el delincuente solo puede ejercer el derecho a la confrontación, de acuerdo con el entendimiento dominante, en la corte; Por lo tanto, tal manifestación presupone, sin ninguna duda, que la evidencia o denuncia presentada por el denunciante fue presentada anteriormente, por lo que Badaró dirá que: [...] no caso em que há colaboradores e delatados a serem interrogados, não havendo disciplina específica no CPP nem na Lei nº 12.850/2013, a lacuna deve ser suprida pela aplicação do princípio da ampla defesa. O próprio deslocamento do interrogatório do momento inicial da instrução para após o seu término, promovido pela Reforma de 2008, visou permitir que o acusado possa exercer sua autodefesa – ou até mesmo optar por renunciar ao seu exercício, permanecendo calado – já tendo um conhecimento completo de toda a prova produzida e, em especial, dos elementos incriminatórios colhidos na instrução. A lacuna deve ser suprida com apoio no princípio da ampla defesa, que exige que seja interrogado inicialmente o colaborador, e depois, os corréus delatados.[44]               ¿Cómo hablar sobre el derecho a la confrontación y, en consecuencia, el respeto a la defensa contradictoria y amplia, si el colaborador presenta pruebas o versiones sobre las cuales los delatados no pudieron expresarse? Como señaló Orlando Perri, juez del tribunal de Mato Grosso, “à defesa haverá de caber, sempre e sempre e em qualquer circunstância, a palavra final, como efeito mágico do verbo”.[45]               A pesar de que el artículo anterior se refiere al discurso de la defensa en los argumentos orales, el hecho es que la corrección del argumento se aplica, en su caso, en su totalidad, principalmente porque, de hecho, siempre dependerá de la defensa, en cualquier circunstancia, fase o grado. jurisdicción, la palabra final. Por lo tanto, también en los casos relacionados con la adjudicación del laudo, para garantizar la defensa contradictoria y amplia, los acusados, que son la parte débil de la relación procesal, deberían poder presentar alegatos finales, aunque no existe una disposición legal expresa en ese sentido.               Al delimitar, con singular corrección, el alcance legal del sagrado postulado de lo contradictorio, el juez del tribunal de Mato Grosso, Orlando Perri, afirma que, “no campo da defesa, o contraditório não se concretiza nem se esgota na atividade probatória, mas também na argumentativa, na capacidade de contrariar a prédica acusatória, em todas as suas vertentes, sejam elas fáticas, sejam jurídicas”.[46] Para el juez:

Esta a razão pela qual, por força e comando do princípio do contraditório, as testemunhas da acusação são ouvidas antes das da defesa; o réu é interrogado após todas as provas orais; as alegações finais da acusação precedem as da defesa, etc. É em atenção ao direito fundamento da liberdade — faceta do primado da dignidade da pessoa humana — que a lei confere ao acusado maior proteção jurídica, concedendo-lhe a última palavra no processo penal.[47]


Teniendo en cuenta el entendimiento anterior, se cita un precedente relevante de la Corte Federal de Justicia del Distrito Federal que, en un caso singular, que involucra una colaboración premiada en un proceso de competencia del jurado popular, un alcance inusual para el uso del instituto, entendió que “a atividade estatal – principalmente a função jurisdicional – deve ser exercida de forma a dar a máxima eficácia às garantias basilares do indivíduo, entre as quais a liberdade de locomoção, o contraditório, a ampla defesa e, por conseguinte, o devido processo legal”.[48]

A la luz de esa corte, “Se o depoimento do corréu aproxima-se da prova obtida em delação premiada, não é adequado que ele seja interrogado após os demais, nem que a defesa se manifeste após as outras, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório”.[49] En este contexto, una disposición legal despreciable expresa asegurar a los acusados ​​el derecho de hacer que las acusaciones finales sean duraderas (principio de legalidad), especialmente porque la mejor hermenéutica no solo autoriza sino que impone que los derechos y garantías fundamentales se realcen en el acto de interpretación (en este caso, basado en la teoría de la ponderación de Dworkin, la dimensión del peso indicaría la prevalencia del principio de contradicción sustancial).[50]

Evidentemente, no se trata de proporcionar un trato diferente a los acusados, precisamente porque ellos [delatores y delatados], a pesar de que son parte del mismo proceso, no están en la misma posición, ya que el delator, mientras se defiende, acusa, el acusado, que ni siquiera puede desafiar los acuerdos, solo (y solo) se defiende, lo que solo puede hacer en la corte, ejerciendo el sagrado derecho a la confrontación.

Así, como bien señala Rogério Tadeu Romano, es necesario que la defensa tenga la última palabra, antes del pronunciamiento judicial sobre los hechos y la ley, en la oración, en la apelación, no parece correcto dar esa última palabra al colaborador, quien, de hecho, está archivado para respaldar la acusación.[51] En ese mismo sentido, Badaró:


[...] concluída a instrução e interrogados os corréus, primeiro o colaborador, e depois os delatados, coloca-se o problema da ordem da apresentação das alegações finais. Dificilmente, pela complexidade dos casos, será adequada a realização de debates orais. A questão, portanto, cinge-se à ordem de apresentação de memoriais. O CPP limita-se a prever que as alegações finais orais serão apresentadas, ‘respectivamente, pela acusação e pela defesa’ (art. 403, caput). E, no caso de conversão em memoriais, o juiz deverá ‘conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais’ (art. 403, § 3º). Interpretando o parágrafo, segundo a regra geral da cabeça do artigo, fica evidente que as partes serão, primeiro a acusação e depois a defesa. Novamente, não há previsão expressa no caso de haver corréu colaborador. Pelas mesmas razões expostas quanto ao modo do interrogatório, na apresentação de alegações finais, é necessário que o acusado conheça a síntese argumentativa da acusação existente contra ele, quando da apresentação de suas alegações finais. Por isso, a ordem dos memoriais é: primeiro a acusação, depois a defesa. Procurando suprir a lacuna legal pela aplicação dos princípios constitucionais, em especial a ampla defesa, a ordem deve ser: memoriais do Ministério Público; memoriais do colaborador premiado; memoriais do correu delatado.[52]


Dado este escenario, es convincente concluir que, dado que la Corte Suprema Federal es consistente con sus propias decisiones, el destino de todos los procedimientos, derivados de la operación “Lavajato” u operaciones similares, en los que los delatados tuvieron que manifestarse simultáneamente con los delatores será el mismo, la nulidad, en un verdadero "efecto en cascada", dado que donde prevalece la misma razón, prevalece la misma decisión Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio.

Sin embargo, si la contradicción en relación con la legalidad prevaleció en el presente caso, existe otra colisión, como resultado de la posición adoptada por el Supremo: ¿si el colaborador debe hablar siempre y siempre en último lugar, todos los casos en los que esto no se hizo serán nulo? ¿Y el principio de seguridad jurídica? Aquí hay otro caso difícil presentado ante la Corte Suprema: el principio contradictorio versus la seguridad jurídica. Siempre existirán conflictos y ponderando la regla del mandamiento. Lo que debe tenerse en cuenta es la búsqueda siempre y siempre para evitar discreción.


CONSIDERACIONES FINALES

              Como se ve, tanto en el contexto de las teorías positivistas (especialmente en Hart), cuyo sistema legal se basa solo en reglas, como en teorías pos-positivistas, centrándose en Dworkin, que predica un orden compuesto por reglas y principios, ambas subespecies de norma categoría legal, lo que se busca legítimamente es la mitigación en los espacios discrecionales del juez, ante el caso concreto.

              Para los positivistas, la Ley está formada por reglas, cuyos principios son los fundamentos de aquellos, pero cuya aplicación no opera en el plano concreto, ya que no tienen un contenido prescriptivo determinado, gracias al carácter de generalidad que están dotados. Por cierto, se dio cuenta de que los positivistas, que defienden la llamada diferenciación débil entre reglas y principios, la distinción sería solo de grado, por lo tanto, cuantitativa.

              Los post-positivistas, a su vez, ven los principios normativos, dándoles aplicabilidad en el caso concreto, al igual que las reglas, aunque no tienen, de hecho, una hipótesis de incidencia cerrada y una consecuencia normativa determinada.

              A pesar de la coherencia de ambas distinciones, el presente estudio se centró en la fuerte diferenciación defendida por Dworkin, que parece haber sido adoptada en el caso difícil que enfrenta la Corte Suprema de Brasil, en el recurso de hábeas corpus 157.627.

En ese momento, la Corte Suprema Federal se topó con el tema de lo (sustancial) contradictorio, reflejado en el derecho del acusado a hablar en último lugar, y el principio de legalidad, que, en los procesos penales brasileños, no hace distinción entre acusado y acusado. reportado. Si se adoptara el principio de legalidad, se mitigaría el alcance de lo contradictorio sustancial o efectivo, solo porque, a pesar de que el empleado es un acusado, su posición no es la misma que la de la persona acusada, que tiene cargos de acusación en su contra. tanto el cuerpo de acusación oficial (fiscal) como el denunciante, verdadero socio ministerial (litisconsorte).

Se observó que el caso era realmente un caso difícil, ya que no había una brecha normativa per se, pero los bienes legales en conflicto subyacentes a los principios legales en conflicto requerían una ponderación de pesos, aplicando para el casu, en mayor medida, un principio sobre el otro, pero sin excluir el principio remoto.

Sin embargo, frente a esta colisión de principios, donde, por un lado, la ley no hizo distinción entre delatores y delatados, y por otro, el denunciante, a pesar de ser formalmente un acusado, se beneficia de su cargo, el Tribunal Supremo Federal, al analizar el caso difícil, dio mayor importancia al principio de contradicción, privilegiando la opinión de que en el caso penal colaborativo, el delatado debería hablar en último lugar, incluso solo después de que el delator, que es un litisconsorte de la acusación, presente sus memoriales finales, sin los cuales violados, seguirán siendo el principio del debido proceso contradictorio y, por consenso.


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TAVORA, Nestor. RODRIGUES, ROSMAR, Curso de Direito Processual Penal, Salvador, Juspodvm, 2011.


[1] SARMENTO, Leonardo, Controle de constitucionalidade e temáticas afinscapítulos exclusivos voltados ao novo CPC – 2015, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2015, p. 135.

[2] Leonardo Alves Barroso, en el artículo “A Força Normativa dos Princípios Fundamentais como Vetores da Formação do Estado Ideal”, sostiene que: “Os princípios se irradiam por todo segmento jurídico, preservando a unidade da ordem jurídica, com a manutenção do direito como um efetivo sistema e desempenham o papel de organizar e coordenar, coerentemente, todo ordenamento jurídico, ao ponto de a doutrina os qualificar como “normas-chaves de todo sistema jurídico” (Paulo Bonavides), “fundamento da ordem jurídica” (Frederico de Castro), “Super-fonte” (Flórez-Valdez), verdadeiros “mandamentos de otimização” (Robert Alexy)”. BARROSO, Leonardo Alves, A Força Normativa dos Princípios Fundamentais como Vetores da Formação do Estado Ideal, Disponible en: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/s.... Acceso em 17 set. 19.

 

[3] SOUSA, Felipe Oliveira de. O raciocínio jurídico entre princípios e regras. Brasília a. 48 n. 192 out./dez. 2011. Disponible em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242932/000936212.pdf.... Aceso en: 19 set. 2019.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

[6] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional,11. ed., Salvador, Juspodivm, 2019. p. 255.

[7] CANOTILHO, Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed., Coimbra, lmedina, 2002. p. 1159-1162. Apud: FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional,11. ed., Salvador, Juspodivm, 2019. p. 255.

[8] Bernardo Gonçalves Fernandes explica que, con el logro de la normatividad de los principios, estos comenzaron a tomarse como normas legales, expresando un contenido deóntico, en el sentido de establecer obligaciones, permisos o prohibiciones de conducta. FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional, 11, ed., Salvador, Juspodivm, 2019, p. 255.

[9] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de direito constitucional, 11, ed., São Paulo, Saraiva, 2016, p. 73.

[10] SOUSA, Felipe Oliveira de. O raciocínio jurídico entre princípios e regras. Brasília a. 48 n. 192 out./dez. 2011. Disponible em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242932/000936212.pdf.... Acceso em: 19 set. 2019.

[11] ALONSO, Juan Pablo, Interpretación de las normas y derecho penal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Didot, 2016, p. 201-202.

[12] ALONSO, Juan Pablo, Interpretación de las normas y derecho penal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Didot, 2016, p. 202.

[13] ALONSO, Juan Pablo, Interpretación de las normas y derecho penal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Didot, 2016, p. 202.

[14] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de direito constitucional, 11, ed., São Paulo, Saraiva, 2016, p. 73.

[15] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de direito constitucional, 11, ed., São Paulo, Saraiva, 2016, p. 73.

[16] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de direito constitucional, 11, ed., São Paulo, Saraiva, 2016, p. 73.

[17] ALONSO, Juan Pablo, Interpretación de las normas y derecho penal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Didot, 2016, p. 203.

[18] ALONSO, Juan Pablo, Interpretación de las normas y derecho penal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Didot, 2016, p. 204.

[19] ALONSO, Juan Pablo, Interpretación de las normas y derecho penal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Didot, 2016, p. 202.

[20] Souza, Rodrigo Telles de., A distinção entre regras e princípios e a derrotabilidade das normas de direitos fundamentais, Boletim Científico ESMPU, Brasília, a. 10 – n. 34, p. 11-35 – jan./jun. 2011.

[21] ALONSO, Juan Pablo, Interpretación de las normas y derecho penal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Didot, 2016, p. 208.

[22] ALONSO, Juan Pablo, Interpretación de las normas y derecho penal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Didot, 2016, p. 208-209.

[23] ALONSO, Juan Pablo. Interpretación de las normas y derecho penal. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Didot, 2016. p. 209.

[24] ALONSO, Juan Pablo. Interpretación de las normas y derecho penal. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Didot, 2016. p. 209.

[25] ALONSO, Juan Pablo. Interpretación de las normas y derecho penal. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Didot, 2016. p. 214.

[26] SACRAMENTO, Bruno. A ponderação de regras e alguns problemas da teoria dos princípios de Robert Alexy. Rev. direito GV vol.15 no.2 São Paulo  2019  Epub July 15, 2019 http://dx.doi.org/10.1590/2317-6172201917 

[27] GRINOVER, Ada Pellegrini et al, As nulidades no processo penal, 7. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2001, p. 52.

[28] TAVORA, Nestor. RODRIGUES, ROSMAR, Curso de Direito Processual Penal, Salvador, Juspodvm, 2011, p. 48. 

[29] BADARÓ, Gustavo Henrique, Processo Penal, 7. ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2019. p.57.

[30] BADARÓ, Gustavo Henrique, Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019. p.57.

[31] JIMÉNEZ, Londoño, Tratado de Derecho procesal penal, tomo I, Colômbia, Temis, 1989, p. 52-53.

[32] JIMÉNEZ, Londoño, Tratado de Derecho procesal penal, tomo I, Colombia, Temis, 1989, p. 52-53.

[33] BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019. p.57.

[34] CANOTILHO, J.J. Gomes, Direito Constitucional e teoria da Constituição, 4 ed., editora Coimbra, Almedina, ano 2000, p. 482.

[35] NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional, São Paulo editora: Método, ano 2008, pág. 332.

[36] STF – AI nº. 529.733, voto do Min. Gilmar Mendes.

[37] JIMÉNEZ, Londoño, Tratado de Derecho procesal penal, tomo I, Colombia, Temis, 1989, p. 52-53.

[38] COELHO, Gabriela. 2ª Turma do STF anula sentença de Moro que condenou Bendine na "lava jato". Disponible em: https://www.conjur.com.br/2019-ago-27/turma-stf-anula-sentenca-moro-alde.... Aceso em: 28 de ago de 2019.

[40] MELO, Valber; NUNES, Filipe Maia Broeto. Colaboração Premiada: aspectos controvertidos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

[41] Em esse mismo sentido, el juez Luiz Fux, de la Suprema Corte, em la PET 7226, dice que el “acordo de colaboração premiada, por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, não pode ser impugnado por aqueles eventualmente imputados pelo colaborador, mas apenas pelas partes contratantes”. Supremo Tribunal FederalNegado pedido do prefeito de Cuiabá para rescisão do acordo de colaboração de ex-governador de MT. 2017. Disponible em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363005>. Aceso em: 19 mar. 2018.

[42] Habeas corpus 127.483

[43]RHC: 68542/SP Relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, 6ª Turma, 19/04/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2016.

[44] BADARÓ, Gustavo Henrique. A necessidade de um regime legal próprio para o colaborador premiado. Disponible em: https://www.conjur.com.br/2019-set-24/gustavo-badaro-figuraespecifica-co.... Aceso em 27 de outubro de 2019.

[45] PERRI, Orlando de Almeida. Havendo sustentação oral, defesa se manifesta sempre em último lugar. Disponible em: https://www.conjur.com.br/2017-mai-03/perri-cabe-defesa-ultima-palavra-q.... Aceso em: 28 ago 19.

[46] PERRI, Orlando de Almeida. Havendo sustentação oral, defesa se manifesta sempre em último lugar. Disponible em: https://www.conjur.com.br/2017-mai-03/perri-cabe-defesa-ultima-palavra-q.... Aceso em: 28 ago 19.

[47] PERRI, Orlando de Almeida. Havendo sustentação oral, defesa se manifesta sempre em último lugar. Disponible em: https://www.conjur.com.br/2017-mai-03/perri-cabe-defesa-ultima-palavra-q.... Aceso em: 28 ago 19.

[48] TJ-DF 20170020114479 0012310-76.2017.8.07.0000, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 04/05/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: 125/137

[49] TJ-DF 20170020114479 0012310-76.2017.8.07.0000, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 04/05/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: 125/137

[50] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 93-94.

[51] ROMANO, Rogério Tadeu. No processo penal, a defesa fala por último. Jusnavigandi. Disponible em: https://jus.com.br/artigos/76175/no-processo-penal-a-defesa-fala-por-ultimo. Aceso em: 28 ago 19.

[52] BADARÓ, Gustavo Henrique. A necessidade de um regime legal próprio para o colaborador premiado. Disponible em: https://www.conjur.com.br/2019-set-24/gustavo-badaro-figuraespecifica-co.... Aceso em 27 de outubro de 2019.

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