doctrina

Las diligencias de investigación tecnológica y su aplicación práctica en el orden jurisdiccional penal

La  práctica  por  parte  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad del  Estado  de determinadas  diligencias  de  investigación,
caracterizadas  por  una  completa  ausencia  de regulación legal, ha dado lugar a numerosos pronunciamientos mediante los cuales nuestros Tribunales  han  tratado  de  hacer  frente  a  dicha  laguna jurídica,  debido  a  la  injerencia  que dichas  prácticas  provocan
sobre  derechos  fundamentales  tan  importantes  como  el  derecho al secreto de las comunicaciones o el derecho a la intimidad. Presentada como un instrumento para el fortalecimiento de las garantías procesales, la LO 13/2015, de 5 de octubre, también se ocupa de poner fin al vacío normativo existente en  torno  a  las  diligencias  de investigación  tecnológicas,  centrándose  en  los  requisitos  que deben  cumplir  la  resolución  judicial  habilitante  de  cada  una de  ellas,  limitando  su  ámbito objetivo de aplicación, y muchos
otros aspectos como su duración. Estas diligencias cobran un especial papel en el orden jurisdiccional penal, debido al  incremento,  tanto
de  los  tipos  como  de  los  casos,  que  día  a  día  se  comenten de  delitos informáticos, siendo una pieza fundamental en la fase
probatoria de los mismos al constituir la principal fuente de obtención de las pruebas electrónicas que los hacen frente.

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