Propuesta de un modelo de Seguridad Democrática para Guatemala

        La seguridad es una de las principales prioridades para los
guatemaltecos, baste un dato para hacerse idea, el país sufre uno de
los niveles más altos de violencia en el mundo, con una tasa de 39
homicidios por 10,000 habitantes. Aunque a partir de los Acuerdos de
Paz, se han realizado una serie de esfuerzos para fortalecer el Estado
de derecho y por ende la seguridad, sin embargo, la realidad y
complejidad del país exige nuevas estrategias e implementar un modelo
que consolide la tan deseada seguridad. La finalidad del presente
artículo es sentar las bases que conduzcan a la “propuesta de un
modelo de seguridad democrática para Guatemala”.

        Este modelo parte del supuesto de que la identidad de una
sociedad se forma a partir de consensos, los cuales llegan a la
postulación de los derechos humanos y el estado democrático como el
fundamento de la integridad de una sociedad. Para preservar esto el
modelo de seguridad democrática debe impulsar un mecanismo sistémico
de protección y consolidación de los principios de derechos civiles,
sociales, económicos y culturales, que son el fundamento del Estado
democrático.

        El marco legal-institucional de la seguridad democrática se
compone preferentemente de dos instrumentos: Por un lado el Pacto para
la seguridad, la justicia y la paz, el cual contribuiría a
“desarrollar una estrategia cooperativa que incorpore y
corresponsabilice a todos los sectores sociales e instituciones del
Estado, a fin de alcanzar mejores niveles de gobernabilidad, seguridad
y protección frente la criminalidad, la violencia y la impunidad en el
país”; y, por otro, la consolidación de la Política Nacional de
Seguridad -PNS-: que tiene como fin “integrar los esfuerzos de todo el
país en un propósito común: lograr el desarrollo integral, fortalecer
la democracia y superar las desigualdades sociales, para edificar una
“Guatemala Segura y Próspera”.

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