doctrina

De la hoguera inquisitorial a la corte constitucional: la negación de justicia y ciudadanía en la población LGBTI. Un problema de la secularización de la cultura en el contrato social

En el marco de la Modernidad y las discusiones políticas contemporáneas, el tema sobre la justicia es algo que necesariamente remite al Estado, por ser este el legitimo poseedor del monopolio  de  la  violencia  y  de  las  instituciones  legislativas  y  de  administración  judicial. Así  se  establece  en  el  Contrato  Social, el  cual  crea  el  Estado  y  con  éste  el  encargo  de administrar  justicia.  Por  ello, no  debe  perder  su  neutralidad  vinculando  a  su  estructura doctrinas  ideológicas  de  carácter  absoluto,  entre  ellas  la  religión,  por  poner  en  riesgo  el pluralismo y con éste el principio de justicia para todos. Sin embargo, en Colombia esto no 
se cumple y la arquitectura del Estado y la ciudadanía se establece sobre los planos de un contrato  condicionado  a  la  herencia  hispano
-católica.  Esto  se  traduce  en  exclusión  para todos los grupos sociales que no quepan en su concepción de mundo, como ocurre con la 
población  LGBTI  (Lesbianas,  Gays,  Bisexuales,  Transgéneros  e  intersexuales),  quienes encarnan  las  marcas  de  la exclusión  histórica,  justificada  en la  moral   y  que  les  negó  su derecho fundamental a vivir y posteriormente de ser. Solo  hasta  la  promulgación  de  la  Constitución    de  1991  y  el  posterior  desarrollo jurisprudencial de comienzos del siglo XXI, Colombia les ha empezado a reconocer varios de sus derechos por esta vía. A pesar de ello, ésta comunidad aún sigue siendo una de las minorías  mas  violentadas  y  discriminadas  en  su  cotidianidad  y  sociabilidad,  a  partir  de agresiones  que  van  desde  la  violencia  simbólica  (lenguaje  ofensivo,  chistes)  hasta  los crímenes  de  odio  que  los  ha  llevado  a  la  muerte.  Todo  esto,  debido  a  la  persistente  homofobia  que  existe  en  la  cultura,  que  los  imagina  como  sujetos  peligrosos  y  no  de derecho. Por ello, se debe apuntar a una  ciudadanía que no solo  establezca la dimensión jurídico-política  de  los  derechos  en  la  tradicional  relación  estado-ciudadano,  sino  que dicha  ampliación  debe  llegar  a  hacerse  efectiva  en  la  cotidianidad  de  los  mismos ciudadanos,  es  decir,  en  las  relaciones  de  sociabilidad  que  se  entretejen  en  la familia,  la escuela, el trabajo y la calle, pues son en estos espacios donde realmente se vive la justicia.

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