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Apatridía y Tráfico Ilícito de Migrantes: ¿Son excepciones al Derecho de Acceso a la Justicia en nuestro país? Análisis, respuestas y desafíos

El  Derecho  de  Acceso  a  la  Justicia  en  el  caso  de  los  Inmigrantes,  ¿deviene  en  una realidad inquietante para el caso de Chile?
La  forma  de  abordar  la  cuestión  será  mediante  una  aproximación  al  ejercicio  de  este derecho  desde  la  óptica  del  Derecho  Procesal,  desarrollando  para  ello  don  líneas  de investigación,  referentes  a  determinadas  problemáticas  que  han  afectado,  y  siguen afectando,  a  los  extranjeros  en  Chile,  cuales  son  el  tráfico  ilícito  de  migrantes  y  los apátridas. En ese orden de ideas, el primer capítulo será el encargado de contextualizar al lector en  lo  que  significa  el  derecho  de  acceso  a  la  justicia,  sumergiéndolo  de  lleno  en  el conjunto  de  principios,  supuestos  y  componentes  que  lo  integran,  reconociendo  las barreras que se interponen en su efectiva concreción social, pero también los derechos con lo que se encuentra íntimamente relacionado, tales como la igualdad ante la ley y el  debido  proceso,  resultando  difícil  delimitar  el  campo  de  acción  de  uno  respecto  del otro. Además,  el  primer  capítulo  refiere  sobre  el  fenómeno  migratorio,  principalmente desde  la  óptica  nacional,  es  decir,  caracterizado  de  acuerdo  a  las  normativas  que imperan  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  dentro  de  las  cuales  ha  imperado,  con anacrónico criterio de nuestra realidad social, el Decreto Ley 1094 del año 1975.
En  relación  a  los apátridas , capitulo  segundo  de  la  presente  tesis,  la  problemática investigada  consiste  en  que el  Servicio  de  Registro  Civil  e  Identificación - en  virtud  de criterios  impuestos  por  el  Departamento  de  Extranjería  y  Migración - no  inscribe  como chilenos a los hijos/as de personas migrantes que se encuentren en situación irregular, en  consideración  a  la  situación  migratoria  de  los  padres,  confundiendo  los conceptos de  irregular  con  el  de  transeúnte,  negando  con  ello,  el  derecho  a  la  nacionalidad  que tienen todos los nacidos dentro del territorio. Esta situación deja a estos/as menores de edad   en   la   más   absoluta   desprotección,   calificándolos   de   hijos   de   extranjeros transeúntes en su certificado de nacimiento. La situación (aberración) descrita, no soloimplica  desconocer  el  principio  emanado  de  la  Opinión  Consultiva  18/03  de  la  Corte IDH,  en  virtud  del cual  la  calidad migratoria  de  los  padres  no  puede jamás  alcanzar  a sus  hijos/as,  sino  que  también  genera  la  imposibilidad,  de  estos/as  niños/as,  de acceder a los servicios básicos establecidos para los nacionales, como la educación y la salud. Producida la afectación del derecho (a la nacionalidad, o a ser nacional de este país), solo resta ejercer el mecanismo jurídico asegurado por la Constitución Política de la  República,  además  de  los  asegurados  por  los Tratados  Internacionales  Ratificados por Chile, mediante el ejercicio del Derecho de Acceso a la Justicia. Dicho lo anterior, el análisis  de  esta  problemática  versará  sobre  la “suficiencia”  de  la  acción constitucional de   reclamación   de   nacionalidad   ante   la   Excelentísima   Corte   Suprema,   y   la conveniencia  de  regular  una  vía  alternativa  desde  el  punto  de  vista  del  proceso jurisdiccional. Si  se  encuentra  o  no  asegurado  el  acceso  a  la  justicia  de  los  hijos  “apátridas”  de  las personas migrantes, en virtud del único mecanismo procesal contemplado en la norma suprema, es una interrogante que será respondida en las siguientes líneas. Por  último,  en  relación  a  la  investigación  sobre  el Tráfico  Ilícito  de  Migrantes , desarrollado en el tercer capítulo, constaremos la pugna existente entre el Acceso a la Justicia (y la tutela efectiva de los derechos de los inmigrantes, víctimas de este delito, en  el  marco  del  proceso  penal)  y  el  tratamiento  jurídico  que  hace  de  esta  misma persona  migrante  el  Decreto  Ley  1094,  al  desencadenarse  en  su  contra,  dentro  del marco del proceso migratorio, la medida de expulsión del país, reuniendo entonces, la persona migrante, el “estatus” de víctima de tráfico ilícito e infractora del Decreto Ley. Principios  básicos  de  protección  a  la  víctima,  potestades  del Ministerio  Público (en  la investigación y persecución de hechos constitutivos de del itos), exigencia de un debido proceso   dentro   del   proceso   migratorio,  serán   algunas   de   las   interrogantes  que responde el capítulo final de esta tesis. 

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