"Ley de drogas: “desfederalización a la carta”

Desde hace unos años asistimos a un fenómeno de particulares características. Bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha contra la delincuencia se sacrifican, sin vergüenza alguna, principios y disposiciones de jerarquía constitucional. Aún cuando esto es, en sí mismo, inaceptable, resulta además paradojal. Es que incluso aquellos que adscriben (siempre pensando en los “otros”) a la regla de que el fin justifica los medios deben resignarse y admitir que el fin perseguido (cuanto menos el declamado) nada tiene que ver con los medios elegidos. El resultado es conocido: ni respeto a los principios, ni eficacia en la reducción o control del delito.
Convengamos que, desde esta perspectiva, la moderna política criminal ha logrado saldar una vieja cuestión que, real o supuesta, fue históricamente un dato característico del derecho criminal: la permanente tensión entre garantías y eficacia, entre libertad y prevención, en suma, entre límites y poder. Esta superación se ha logrado, lamentablemente, igualando in pejius.
La reciente legislación vinculada a la cuestión criminal se caracteriza por sumar tantas objeciones constitucionales como falta de eficacia y operatividad preventiva. Se logró algo positivo (superar la dicotomía) sumando los dos aspectos negativos (la afectación de normas constitucionales y la burda ineficacia a costa de efectos excluyentemente simbólicos). Las reformas procesales y penales de los últimos años, salvo algunas excepciones, son prueba acabada de la afirmación precedente. Y aún cuando no es este el lugar, puede advertirse que ningún impacto han tenido en la estabilización y hasta descenso de los conflictos o situaciones problemáticas relevados como delitos al margen de la cifra negra.


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