Guía. Atención y tratamientos en prisión por el uso de drogas

Introducción
La Institución Penitenciaria tiene asignada, entre sus competencias, velar por la vida, la integridad y la salud de los internos y a este respecto mantiene, en los establecimientos de ella dependientes, la cobertura sanitaria correspondiente al nivel de Atención Primaria de Salud. La Ley General de Sanidad garantiza los derechos de los internos y su acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva, siendo competencia de las Administraciones la organización y desarrollo de todas las acciones preventivas y asistenciales dentro de una concepción integral del sistema sanitario.
En términos generales, en toda Europa la legislación sobre esta materia considera que las personas que están internadas en prisión deben tener los mismos derechos y prestaciones sanitarias que el resto de la ciudadanía con las limitaciones, en lo que concierne al ejercicio y no a su contenido, derivados de esta situación. El objetivo principal es garantizar los derechos
de los internos como usuarios de los servicios de salud, la accesibilidad de este colectivo a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso a los cuidados.
El 1 de julio de 2011 se produjo la transferencia de la sanidad penitenciaria al País Vasco y el objetivo del Departamento de Sanidad y Consumo, para garantizar los derechos de los internos, fue integrar completamente la estructura asistencial penitenciaria en Osakidetza. En otras palabras, estamos desarrollando un modelo asistencial penitenciario desde la estructura
de un gestor sanitario comunitario y con las potentes herramientas organizativas de Osakidetza, con los tres niveles asistenciales perfectamente cohesionados.
Este proceso de integración de la sanidad penitenciaria tiene una gran complejidad porque debe cohesionar dos realidades asistenciales, dos estructuras y dos mentalidades diferentes. Sin embargo, un año después
Atención y tratamientos en prisión por el uso de drogas de la transferencia formal de la organización sanitaria penitenciaria, el
balance es muy positivo para ambas instituciones. La coordinación a todos los niveles ha sido uno de los aspectos más logrados del proceso; los profesionales han facilitado la transición organizativa, y su compromiso con las instituciones y los usuarios se ha seguido manteniendo inalterable.
Durante las décadas de los 80 y de los 90, el consumo de heroína y la infección por VIH fueron los problemas de salud más relevantes de los centros penitenciarios. En la actualidad, la salud mental, el consumo de drogas y la atención a las toxicomanías constituyen el principal problema de salud en los centros de salud penitenciarios, como fiel reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Y por ello, constituyen y constituirán una prioridad en este nuevo modelo asistencial que hemos puesto en marcha.
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